El juez del caso Pujol solicita toda la documentación de la causa original del 3%

El juez del caso Pujol, José de la Mata, ha solicitado al juzgado de El Vendrell, que instruía la causa del 3 %, que le remita toda la documentación original de la investigación y ha decidido asumirla al entender que se pudieron conceder adjudicaciones irregulares por 175 millones de euros a cambio de mordidas para la antigua Convergencia Democrática de Cataluña.

El pasado 23 de abril, el juez de la Audiencia Nacional aceptó en un auto la competencia de este tribunal para investigar los hechos al considerar que la red del 3 % pudo alterar «la economía nacional» de acuerdo a las 24 adjudicaciones de obra que se investigan y que se calcula ascenderían unos 175 millones.

Una vez que el auto es firme, al no haber sido recurrido por ninguna de las partes, De la Mata ha solicitado al juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional siguiendo el criterio de la Fiscalía, que le entregue los originales de la causa de la que ahora será el instructor.

«Esa cantidad superior a los 175.000.000€, encaja cómodamente en los criterios orientadores fijados jurisprudencialmente en la materia para fijar la competencia» de la Audiencia Nacional, indicaba de la Mata al explicar el principal motivo por el que asumía la causa sobre una supuesta trama para financiar a Convergència Democràtica (CDC) con mordidas de adjudicaciones públicas.

Las «donaciones» o mordidas por esas adjudicaciones se cree que ascendieron al millón de euros y De la Mata entiende que el «monto total de las adjudicaciones presuntamente irregulares» lleva a deducir «el impacto en el mercado de la maniobra criminal», que sustrajo «a los legítimos aspirantes a conseguir contratos de obras y servicios».

Afectó a la economía nacional

«La economía nacional, por tanto, se pudo ver alterada por el volumen de contratación que quedó fuera de las reglas del Derecho y la justa y libre competencia, para ser asignada torticeramente a cambio de donaciones para el partido político CDC y de prebendas personales», señalaba De la Mata en el auto en el que asumía el caso.

Al criterio económico, De la Mata añadía otros para aceptar la competencia como la complejidad deriva del alto número de investigados y sociedades, así como la necesidad de enviar comisiones rogatorias al extranjero, de realizar periciales «complejas» y de revisar la gestión de la contratación pública en distintas administraciones.

A todo esto sumaba el que los hechos se hayan producido en distintas provincias catalanas, en «una estrategia concertada entre decenas de personas, lo que aconseja una jurisdicción única para manejar el asunto en su globalidad».