El juez deja al ex embajador de ZP en Venezuela a un paso del banquillo por blanquear 6,6 millones

Alejandro Abascal es el juez de la Audiencia Nacional que investiga por blanqueo al ex embajador Raúl Morodo, quien fuera nombrado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para representar a España en Venezuela entre 2004 y 2007. Abascal ha abierto una pieza separada para mandar a juicio al diplomático y a su familia tras una ardua investigación que se inició hace cuatro años. En un auto de 12 de enero, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el instructor acuerda –a petición de la Fiscalía Anticorrupción– dividir la causa en dos partes: por un lado, la relativa a las corruptelas del «clan Morodo» y, por otro, el caso venezolano que afecta a empresarios y ex directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El magistrado y el Ministerio Público consideran que la instrucción de la primera causa ya ha finalizado habiendo quedado «indiciariamente acreditado» la comisión de un delito agravado contra la Hacienda Pública por parte del ex embajador de Zapatero y su entorno familiar.

El magistrado ha dictado esta resolución después de que la Fiscalía lo solicitase en un escrito de 9 de enero. En el mismo, al que también ha tenido acceso este periódico, la fiscal Ana Cuenca expone que en enero de 2019 se iniciaron las presentes diligencias para investigar a la familia Morodo y a empresarios venezolanos por un presunto delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Los principales investigados en esta causa son Raúl Morodo y su hijo Alejo, así como las sociedades Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L. y Furnival Barrister Corp, SA por la recepción de fondos procedentes de PDVSA. El dinero que recibían lo justificaron con facturas falsas de supuestas asesorías realizadas a la petrolera estatal y también ocultaban los fondos a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales o sociedad offshore.

«En concreto, entre los años 2007 y 2014 el investigado Alejo Morodo, a través de sus sociedades Aequitas y Furnival, inició una aparente relación contractual con PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional por la que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron un total de 6.696.221,6 euros», explica la Fiscalía.

Estos fondos procedentes del saqueo de la petrolera venezolana fueron declarados en España a través de sociedades instrumentales. Así lo corrobora el Ministerio Público en su escrito: «Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de las rentas obtenidas en el desarrollo de esa actividad por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso, los investigados decidieron interponer tres sociedades –éstas son Aequitas, Furnival y Morodo Abogados), carentes de medios personales y materiales y de actividad comercial, para que facturaran los servicios que, de acreditarse su efectiva prestación, solo ejecutaría él, tributando esas rentas en el Impuesto de Sociedades, cuya carga impositiva era menor».

Fondos en Suiza

El clan Morodo no sólo defraudó a la Hacienda Pública facturando los supuestos servicios prestados a la petrolera venezolana a través del impuesto de sociedades en lugar del IRPF, como le correspondía, sino que ocultó fondos en paraísos fiscales.

Alejo Morodo, hijo del ex embajador, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de PDVSA asegurando que eran fruto de una «herencia familiar» de sus abuelos terratenientes. Así consta en el formulario que Alejo Morodo firmó en Ginebra el 17 de abril de 2008 para abrir la cuenta del Credit Suisse 0251-1435769-6, que gestionaba a través de la sociedad offshore panameña Furnival Barristers Corp. En el transcurso de la investigación, los agentes identificaron nueve transferencias recibidas por Aequitas en su cuenta en el Banco de Sabadell, ocho de ellas provenientes de PDVSA y una procedente de Furnival Barristers Corp, S.A. Estas transferencias de PDVSA se explicaban que se habían materializado a través de dos cuentas de la compañía venezolana en el Banco Espíritu Santo (Portugal).

Por todo ello, la Fiscalía entiende que ha quedado acreditado «por las numerosas diligencias testificales, periciales y documentales practicadas hasta la fecha» la comisión de un delito agravado contra la Hacienda Pública cometido desde el 2013 en adelante por Raúl y Alejo Morodo y la mujer de este último, Ana Catarina Varandas, así como las personas jurídicas investigadas. Sin embargo, los delitos cometidos en los años anteriores al 2013 no podrán ser juzgados porque han prescrito, explica el juez.