El juez decide archivar la imputación de Esperanza Aguirre por ‘Púnica’ tras 7 años de investigación

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón archivará la causa abierta contra Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO. El magistrado ha tomado esta decisión después de recibir un escrito del Ministerio Público en el que pide que se levante la imputación de la ex regidora madrileña en la pieza en la que se investiga si el PP de Madrid tenía una caja B con la que financió campañas electorales, tal y como adelantó este periódico en noviembre.

Este informe de Anticorrupción era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de Púnica, en la que se investiga la posible financiación irregular de campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos.

No hay indicios

El extenso informe, al que ha tenido acceso este periódico, señala textualmente que «no hay indicios» de que Esperanza Aguirre y Borja Sarasola participaran en los hechos investigados. Por tanto, el Ministerio Público –tras realizar una detallada narración de los hechos– determina que no acusa a dichos imputados. Así mismo, fuentes consultadas por este periódico, aseguran que el instructor no procesara ni a Aguirre ni a Sarasola en la pieza separada número 9 de la macrocausa.

Aguirre fue imputada en septiembre de 2019 porque, según el auto del juez, la investigación arrojaba «indicios racionales de que Aguirre […] ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba. [Era] la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid».

«El plan preconcebido, impulsado desde Presidencia y Vicepresidencia –en aquel momento en manos de Ignacio González– con el respaldo de otros consejeros que se involucraron en el proyecto para recaudar fondos para el PP, consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos de diversas consejerías o entes públicos adscritos a las mismas, a través de diversos artificios», destacó el magistrado instructor. Y añadió que los populares «gratificaban» las donaciones realizadas por los empresarios presuntamente con adjudicaciones a sus empresas. Además de Aguirre, el juez también atribuyó «un papel decisivo y esencial» en la toma de decisiones a los que fueran sus más estrechos colaboradores, Ignacio González y el ex consejero Francisco Granados, además de al ex gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez.

Dos años después de la imputación, ahora el Ministerio Público solicita el archivo de la causa para Aguirre, Ignacio González y Borja Sarasola en la pieza en la que se investiga la presunta financiación irregular de los populares madrileños.

Reputación ‘online’

Sin embargo, el fiscal sí ve indicios de delitos cometidos presuntamente por Sarasola en los trabajos relacionados con la reputación online para diferentes cargos políticos. Unos hechos que se investigaron en la pieza separada número 13, que se había creado ex profeso para investigar los papeles del que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, y que en enero se unió a la pieza sobre la financiación del PP regional.

La Fiscalía también pide enviar al banquillo a la jefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, al ex portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y al ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Asimismo, la Fiscalía solicita el procesamiento del informático Alejandro de Pedro por delitos de prevaricación y malversación.

Agenda de Granados

Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el cabecilla de la Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la Operación Púnica, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones a dedo y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.

Alejandro Halffter desimputado

El que fuera viceconsejero de Presidencia y Vivienda y Suelo de  la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre tambien ha dejado de estar investigado en la causa, según ordena el auto del juez García-Castellón.