El juez cuestiona el testimonio de la alto cargo de Moncloa que pasó el mail del novio de Ayuso a Lobato

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, evita imputar a Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el magistrado cuestiona el testimonio de la mujer que envió el mail filtrado a Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid, y asegura que existen «fisuras» en su declaración como testigo del pasado 12 de marzo.

Sánchez Acera declaró en el Alto Tribunal que a ella le llegaron los emails del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal Julián Salto por la prensa.

La que fuera alto cargo de Moncloa aseguró no recordar qué periodista exactamente, pero sí que afirmó que no le llegó por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, Sánchez Acera envió el correo, cuya filtración está ahora bajo la lupa judicial, sin marca de agua de ningún periódico, al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Sánchez Acera reconoció haber enviado ese correo a Juan Lobato, entonces líder de los socialistas madrileños, pero ha negado que le llegara a través de la fiscalía general del Estado. La actual secretaria de organización del PSOE madrileño, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, ha tratado de esquivar cualquier tipo de responsabilidad.

Ahora, el juez del Supremo rechaza citarla como imputada en la causa contra García Ortiz, pero sí que presenta dudas sobre el testimonio que ofreció entonces la que fuera jefa de gabinete de Óscar López, entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez. A ojos del magistrado instructor del caso, existían «fisuras» en su declaración, tal y como ha adelantado El País.

Sánchez Acera aseguró en el Supremo que ni conoce al jefe del Ministerio Público ni a ningún fiscal. Así, descartó que le enviaran desde Fiscalía el correo electrónico con la carta donde la defensa del novio de Díaz Ayuso trasladó al fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda, Julián Salto, que era «voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos», en referencia a dos delitos fiscales. El fiscal estaba a favor de ese pacto hace un año, pero el PSOE y Más Madrid han maniobrado para estirar el caso otros seis meses.

La socialista admitió que únicamente lo envió a Lobato para que lo usara contra Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día. Añadió que no recibió órdenes de Moncloa para hacer llegar el correo al entonces líder de los socialistas madrileños, al tiempo que explicó que su actuación se enmarcó dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del PSOE madrileño, es decir como número tres de Lobato.