El juez cita a declarar a las empresas que montaron el software por el que Begoña Gómez está imputada
Google Spain, Arsys Internet Indra y Telefónica han sido citados como testigos el próximo 22 de enero
El juez también cita a los vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Complutense
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha citado a declarar a los representantes de Google Spain, Indra Sistemas, Fundación Manpower y Telefónica como testigos el próximo 22 de enero para interrogarles sobre sus inversiones en el software del que se habría apropiado la investigada.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en una providencia, también cita para ese mismo día a Arsys Internet, y a quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.
Cabe recordar que estos dos últimos ya declararon también como testigos con anterioridad, por lo que ésta es la segunda vez que les cita. Indra, en un escrito dirigido al juez a principios de diciembre, informó de que invirtió 128.442 euros en el software del máster de Transformación Social Competitiva de la UCM.
Juan Carlos Peinado adopta esta decisión después de que el pasado día 18 Begoña Gómez negara en su declaración ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. La mujer de Sánchez descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, el software de la cátedra que había sido financiado por empresas, negando de igual forma que tuviese ánimo de lucro.
Ampliación de la investigación
En octubre el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho software.
Después de que se acordara su citación, su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho, defendió por escrito que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas fue «porque la UCM así se lo indicó expresamente».
La defensa también aportó correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron «cómo debía registrar» el dominio de internet por el que ahora se le investiga. Sobre este extremo, incidió en que el registro de dicho dominio «fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM».
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