El juez acepta a VOX como acusación popular en la causa contra siete Mossos por el 1-O

El Juzgado de Instrucción 3 de Cornellà de Llobregat, enBarcelona, ha aceptado al partido VOX como acusación popular en la investigación contra el ex comisario jefe de los Mossos d’Esquadra Ferran López y otros seis altos mandos de la policía catalana por su actuación durante el referéndum ilegal del 1-O.

En el auto el juez admite a trámite la querella que presentó el partido que lidera Santiago Abascal a principios de junio por presuntos delitos de sedición, rebelión, desobediencia y denegación de auxilio.

La querella se dirigía contra López y los comisarios Emili Quevedo y Joan Carles Molinero; el intendente Antoni Verger; el intendente jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad, Amadeu Domingo; la jefa del servicio de Asesoramiento Jurídico de los Mossos, María Paz Martí, y el agente Franciso Javier Gámez.

El juez, que ya tenía abierta la investigación, les atribuye la condición de querellados/investigados aunque ha descartado de momento practicar las diligencias instadas por VOX a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre una cuestión de competencia planteada para que la Audiencia Nacional asuma la causa.

Lamela investiga a Trapero

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga al mayor de los Mossos cesado, Josep Lluís Trapero, rechazó en abril la inhibición planteada por este Juzgado de Cornellà afirmando que entre ambos procedimientos no hay conexión.

El Juzgado de Cornellá justificaba su inhibición a la vista de que la actuación de la dirección de los Mossos «se dirigió directa e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden» del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el 1-O.

En su escrito el juez de Cornellà también sostenía que los Mossos diseñaron un dispositivo para facilitar el 1-O, y no para impedirlo, ya que, pese a ser un cuerpo «más que profesional», entendía que hubo una «intención torticera» que coincide con las «manifestaciones de los dirigentes políticos rebeldes», en alusión al e xconseller de Interior Joaquim Forn -encarcelado en la prisión de Estremera-, quien aseguró que la policía catalana permitiría votar en el referéndum.

Según el juez, existirían «indicios racionales de criminalidad» respecto de «todos los miembros de la jefatura» de los Mossos durante la etapa de Trapero que asumieron la elaboración y aprobación de las «pautas de actuación» del cuerpo de cara al referéndum.

Para el juez, estas pautas de actuación, que eran de obligado cumplimiento para todos los agentes de la policía catalana, perseguían su inacción con el fin de permitir la celebración del referéndum del 1-O, pese a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que lo impidieran.