Los jueces ven delito en la filtración de los audios del operario de Adif y los maquinistas de los trenes siniestrados

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 30/10/2026 05:48
  • Actualizado: 30/10/2026 05:48

Varios jueces consultados por OKDIARIO ven delito en la filtración de los audios del operario de Adif y los maquinistas de los trenes involucrados en el accidente de Urda que ha dejado al menos 69 muertos. El delito del funcionario o autoridad que revela secretos o informaciones de los que tiene conocimiento por su oficio o cargo y que no deben ser divulgadas, recogido en el artículo 417 del Código Penal y que se pena con hasta tres años de cárcel o cinco de inhabilitación. 

«Dichos audios son fuente de prueba de un proceso judicial de investigación que, siempre y por ley, es reservado, y que en este caso, además, había sido declarado secreto», argumentan. Y concluyen que «la filtración, además de deleznable, es delictiva». 

Una actuación irregular ante la que podrían actuar de oficio tanto la propia juez del caso como la Fiscalía, así como que alguien presentara una querella y solicitara ejercitar la acusación popular.

El artículo 417 dispone que «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».

Y añade que si de la revelación resultara «grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».

Si se tratara de secretos de un particular, «las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».

Los juristas consultados consideran que lo ocurrido encaja en el tipo del «grave daño» a la causa pública o a un tercero, el maquinista fallecido.

Los audios publicados por la Cadena Ser, El País y eldiario.es refuerzan el discurso del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien tras la tragedia apuntó a las «decisiones inexplicables» de «una persona del centro de control» como causa de la tragedia. Lo cierto es que antes de que se produjera el error humano, falló el sistema de seguridad de la red ferroviaria, que no se renueva desde 1992.

Estupor en el mundo jurídico

La filtración de estos audios ha causado un gran estupor en el mundo jurídico. En redes sociales se suceden las críticas de jueces y abogados. Y, teniendo en cuenta que hay secreto de sumario, esa filtración es, además, un delito.

«La filtración interesada de los audios del centro de control, señalando a un ciudadano (al que asiste la presunción de inocencia) ante la opinión pública, es uno de los actos más ruines y rastreros que puede hacer un responsable político», ha señalado en X el abogado penalista José María de Pablo,  destacando que «teniendo en cuenta que hay secreto de sumario, esa filtración es, además, un delito».

También se ha pronunciado públicamente sobre estos hechos el magistrado Luis Sanz, conocido en X como MagistraThor. Este jurista denuncia que «la filtración de los audios en los que aparece la voz del maquinista es una falta de respeto inmensa a su familia, pero también a la Justicia, que es la encargada de investigar los hechos».

Además, subraya que «aunque a veces parece que le gustaría, el Gobierno no es quien imparte justicia en nuestro país». «Y todo para conseguir un relato que evite el daño que este asunto pueda hacer en periodo electoral. Asco», agrega Sanz indignado en su tuit, que, como el de José María de Pablo, se ha hecho viral.

«Correcto, asco es poco», le ha replicado el bufete EGP Abogados, especialistas en penal y accidentes de tráfico, entre otras especialidades.

«Mientras aún se están sacando víctimas, con una investigación judicial en curso que ha declarado el secreto del sumario, se filtran los audios (que sólo deberían conocer los investigadores) a la prensa afín para intentar eludir responsabilidades», ha señalado también una «profesora de juristas en ciernes», sentenciando: «No tienen vergüenza».