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Ayuso crea el primer comité de España para que los investigadores madrileños no se fuguen al extranjero

El órgano evaluará los proyectos internacionales con tecnologías sensibles y ayudará a los centros ante indicios de injerencia exterior

Ayuso crea el primer comité de España para que los investigadores madrileños no se fuguen al extranjero
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (EP)
Pablo Romero-Salazar

La Comunidad de Madrid creará un Comité de Seguridad en la Investigación para que el conocimiento desarrollado en sus universidades y laboratorios no acabe en manos extranjeras. El órgano evaluará los proyectos internacionales con tecnologías sensibles y ayudará a los centros ante indicios de injerencia exterior. Es la gran novedad de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que aprueba este miércoles el Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso da así un paso que no figura ni en la legislación estatal ni en la de ninguna otra comunidad autónoma. El Comité de Seguridad en la Investigación y la Innovación Tecnológica será un órgano sin precedentes en España e incorporará las directrices que la Unión Europea ha fijado en esta materia.

Su función principal será analizar los riesgos de los trabajos científicos en los que participen instituciones e investigadores madrileños junto a socios de otros países. En especial, los de aquellos proyectos que empleen tecnologías consideradas sensibles, con el objetivo de evitar lo que el texto define como una «transferencia no deseada» de los conocimientos generados en la región.

Además, el comité asesorará a universidades y centros de investigación para que adopten medidas preventivas cuando detecten indicios de injerencia extranjera o situaciones de conflicto de intereses. La Comunidad de Madrid no contaba hasta ahora con ningún órgano dedicado específicamente a esta tarea.

La Unión Europea lleva tiempo alertando de este riesgo. En mayo de 2024, el Consejo de la UE aprobó una recomendación para reforzar la seguridad de la investigación frente a la injerencia de terceros países y la fuga de tecnologías críticas. La ley madrileña trasladará esas pautas a su ordenamiento y convertirá a Madrid en la primera región en darles rango legal.

Una ley de 1998

La nueva ley sustituirá a la regulación vigente desde 1998, que ha quedado desfasada tras casi tres décadas de cambios en el sistema científico y en la legislación estatal. El texto establecerá cómo se coordinan las instituciones y los profesionales del sector, cómo se planifican sus objetivos y con qué recursos e instrumentos cuentan para alcanzarlos.

Entre los aspectos más relevantes figura la ordenación integral del Sistema Madrileño de Investigación e Innovación Tecnológica (SM2I), que identificará y regulará a todos sus agentes y profesionales. La norma también dará reconocimiento legal a las fundaciones IMDEA, la red de institutos de investigación avanzada de la Comunidad y a la Fundación para el Conocimiento Madri+d.

La ley incluye además medidas para ampliar la proyección internacional de los centros, las universidades y los especialistas madrileños, así como para acercar su trabajo a la sociedad mediante la divulgación científica. A estas líneas se sumará una simplificación de los trámites administrativos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los proyectos.

Otro de los ejes del texto es la transferencia de conocimiento al tejido productivo. La norma facilitará que los resultados de la investigación se apliquen en las empresas y respondan a las necesidades de la sociedad, de modo que el trabajo de los laboratorios madrileños se traduzca en nuevas oportunidades económicas y en beneficios para los ciudadanos.

Tras su paso por el Consejo de Gobierno, el proyecto se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación. El PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara regional, por lo que la aprobación definitiva de la ley y la puesta en marcha del nuevo comité de seguridad dependen únicamente de los plazos de la tramitación parlamentaria.

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