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Jueces y fiscales

Jueces y fiscales alertan que la reforma judicial «afecta gravemente a principios constitucionales»

Las asociaciones mayoritarias creen que es "un serio retroceso en Estado de Derecho"

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han puesto el grito en el cielo con la reforma del Poder Judicial que presentó este martes el Gobierno de Pedro Sánchez. Éstas han alertado de que «afecta gravemente a principios constitucionales» y que suponen «un serio retroceso en Estado de Derecho». Esa nueva normativa, entre otras cosas, prevé que el 25% de los jueces y fiscales no necesitarán aprobar oposición para ocupar su puesto.

La Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han presentado este miércoles una nota de prensa conjunta en la que advierten de que «el panorama que implica esta reforma», aseguran estas entidades, «es desolador».

Señalan que se trata de «reforma estructural» de «gran calado». A ojos de estas entidades, afecta «gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».

La nota detalla que con este cambio normativo se está «desnaturalización del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal». «No respeta» las características clásicas que debe tener todo «acceso a la función pública». Como ejemplo, detallan la «eliminación de un examen oral» al que se sometían aquellos que se presentaban por el turno libre. «Supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales», lamentan.

«Discrecional arbitrario y perjudica»

Sobre la nueva regulación para el acceso a través del conocido como cuarto turno, asegura que «posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre». Además, detalla que se establece «sin límite máximo de plazas y reconociendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso».

Las asociaciones de magistrados también se han mostrado en contra del «proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos» por considerarlo contrario a los principios constitucionales y, también, a lo que, según el Gobierno, pide Europa.

«No asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales», lamenta el comunicado.  Además, consideran que «se consagra así una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor que, por si ello no fuera suficiente, además abre la puerta a futuras convocatorias similares».

A ojos de los firmantes, se trataría de un «agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo» que, además, «erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública».

«Rebajan los niveles de exigencia»

«Es imprescindible cesar en los nombramientos que superen los límites legales de temporalidad y avanzar hacia un modelo estable basado en el incremento progresivo y sostenido de plazas en la carrera judicial y fiscal obtenidas mediante un sistema selectivo basado en la excelencia», proponen los jueces y fiscales frente a la reforma presentada este martes por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Además, subrayan que si «rebajan los niveles de exigencia jurídica e introducen elementos de arbitrariedad» provocarán un «claro deterioro de la calidad del servicio público de justicia». Algo que, a ojos de los funcionarios públicos genera un «debilitamiento afecta directamente a la ciudadanía» porque afecta al derecho «a recibir justicia por profesionales independientes, imparciales y técnicamente cualificados».

Por otra parte, también critican el «retroceso democrático en la elección de órganos de gobierno». Y es que justifican que «limita injustificadamente la representación proporcional de la carrera judicial» frente a los «estándares europeos» que piden más «intervención de los jueces» en estos procesos.

Las asociaciones también coinciden en resaltar que «la creación de un centro público de formación de opositores» con competencia en materia de becas que sea dependiente del Ministerio de Justicia «conlleva un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del ejecutivo».