Jordi Cuixart exige su puesta en libertad tras el informe de un grupo de trabajo de la ONU

La defensa de Jordi Cuixart considera la prisión preventiva del catalán, que colaboró en el asalto a la consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017, contraria a los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Concretamente, el grupo de trabajo ha dictaminado que la privación de libertad de Cuixart, además de la del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras es «arbitraria» y pide al Gobierno que les ponga «inmediatamente en libertad» y les conceda «derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación». Sin embargo, la decisión del grupo de trabajo de la ONU no es vinculante.

El citado grupo reclama, también, una «investigación exhaustiva» y remite el caso a los relatores especiales de la ONU sobre derecho a la libertad de reunión y sobre derecho a la libertad de opinión y expresión. Además, da un plazo de seis meses para que tanto el Gobierno español como los denunciantes informen de si se han tomado estas medidas: libertad, indemnización, investigación de la «violación de sus derechos» y aprobación de leyes para que España se ajuste a lo que dice el grupo de trabajo.

El informe asume la totalidad de las denuncias de Junqueras, Cuixart y Sànchez –acusados los tres de rebelión y para quienes la Fiscalía solicita penas de 25 años para el primero y 17 años para el segundo y el tercero– y considera que no ejercieron violencia ni incitaron a ella, sino que ejercieron su libertad de expresión.

En ausencia de violencia, continúa, el grupo de trabajo está convencido de que «las acusaciones penales en su contra tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones políticas», «inhibirlos de continuar con esa pretensión» y «justificar» una detención que, a su juicio, se debe sólo al «ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política».

Con estas conclusiones, el abogado Benet Salellas ha tomado la palabra tras la reanudación de la sesión del juicio después del descanso para comer y ha informado al tribunal que preside Manuel Marchena de la publicación este informe del grupo de trabajo de la ONU.

El magistrado le ha interrumpido en su disertación y le ha preguntado cuál era su petición concreta, a lo que Salellas ha respondido que la puesta en libertad inmediata de Cuixart. Marchena le ha recordado que debe hacerlo por escrito y por eso le ha invitado a hacerlo cuando quiera, a lo que el letrado ha replicado que lo hará esta misma tarde.

Los grupos de trabajo son uno de los tres tipos de «procedimientos especiales» con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para estudiar una situación concreta (los otros dos son los relatores especiales y los expertos independientes).

Cualquier persona puede enviarles un escrito si cree que hay una situación no conforme con el Derecho Internacional en su ámbito, aunque sus decisiones no son vinculantes. A diferencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, los grupos de trabajo admiten asuntos aunque no hayan agotado los recursos en el ámbito de su país de origen.