El jefe de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno a la juez: «Yo no hubiera autorizado el 8-M»

El jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno ha confesado ante la juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que «yo no hubiera autorizado la manifestación feminista». El responsable, que responde a las siglas de R.M.R., es farmacéutico titular del Estado y elaboró el informe que aconsejaba a los trabajadores del organismo mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.

En su declaración ha asegurado que el 28 de febrero hubo una reunión en la Delegación del Gobierno para elaborar un protocolo «con recomendaciones concretas relacionadas con el COVID-19», tras la presión recibida por parte de los trabajadores y sindicatos del organismo. Este informe fue elaborado por las recomendaciones del Organismo Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad. La directora de Sanidad lo revisó y se distribuyó de manera masiva tres días después, el 2 de marzo.  

El responsable ha ratificado su declaración ante  los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil recogida en el segundo atestado incorporado a la causa por el Instituto Armado. Este sanitario explicó a los investigadores que «como farmacéutico y con cierta formación en el entorno sanitario, esa manifestación no se debería haber celebrado» porque «al estar concentradas muchas personas, aumenta la probabilidad de contagio».

Franco conocía los riesgos

El secretario general, Fernando Talavera, y mano derecha del delegado socialista, aseguró este miércoles a la instructora que había recibido dicho documento, que estaba colgado en la Intranet –sistema de comunicación interno del organismo público–, y que informó sobre el mismo a Franco.

Talavera explicó a la juez que trasladó el contenido de el informe elaborado por Riesgos Laborales a su superior porque «era parte de su trabajo: ‘despachar’ todos los días los temas relevantes con el delegado». El secretario no recuerda si reparó durante mucho tiempo en el mismo, pero de lo que sí está totalmente convencido es de que informó a su superior, según explicaron a OKDIARIO fuentes judiciales.

Las mismas fuentes aclararon que esta confesión «rompe la línea de defensa» seguida por la Abogacía del Estado que defiende a Franco. «Esta declaración revela que el delegado conocía la magnitud de la situación y, pese a ello, permitió que se concentraran multitudes de personas suponiendo un grave riesgo para la salud», aseguraron.

Preocupación por la Covid-19

El sanitario encargado de llevar a cabo la planificación preventiva que elaboró el protocolo a seguir en la Delegación del Gobierno, explicó a los investigadores que los funcionaros se habían mostrado preocupados por la crisis sanitaria, y les solicitaron información sobre las «medidas y recomendaciones relativas a la distancia social, higiene personal o el trato al ciudadano» y que, en general, el personal era «consciente» de la gravedad de la situación.

Sin embargo, el delegado socialista ha manifestado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 que no tomó «conciencia de la gravedad del asunto» hasta el 9 de marzo, sólo un día después de celebrarse las multitudinarias concentraciones feministas, porque el número de contagiados en la capital de España se había incrementado en un 1.800%. Pese a ello, no tomó ninguna medida y continuó firmando nuevas autorizaciones de protestas desde el 9 al 11 de marzo.

«No me considero responsable»

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que acudió a declarar el miércoles en calidad de imputado por un delito de prevaricación, manifestó a su salida que no se considera «responsable» porque «no había ningún elemento, en aquel momento, que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental», en referencia a la manifestación feminista del 8-M.

Además, en sede judicial señaló que «no tenía informes ni notificación que advirtiera parar las concentraciones». Un extremo que su mano derecha, Fernando Talavera, desmintió horas después.