Irene Montero gasta 110.000 € en repartir distintivos feministas a pueblos con gobiernos afines
Las empresas pasan de la etiqueta de igualdad en la que Montero gastó 225.000 €: sólo 12 en todo el año
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El Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero (Podemos), va a gastar 110.000 euros públicos en repartir distintivos feministas a municipios donde gobiernen alcaldes afines y desplieguen políticas de su agrado. Se trata de crear «una red de pequeños municipios y áreas en riesgo demográfico por la Igualdad de Trato, la Inclusión y la Diversidad».
Según informa el subsecretario de Igualdad a OKDIARIO, el Ministerio con esta actuación va a tener muy presente la España rural. La ministra quiere que las zonas más despobladas del país no se queden fuera de sus políticas feministas. Por ello está trabajando en una especie de emblema o insignia feministas para los pueblos donde, según Irene Montero y su equipo, se respeten los principios de estar en contra del machismo y del racismo.
En la respuesta oficial de Igualdad se indica que esta medida está incluida en el marco del Plan de medidas ante el reto demográfico. Los departamentos del Ministerio que se encargarán de su puesta en marcha serán la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y la Dirección General de
Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Las máximas dirigentes de estos organismos públicos son Boti García y Rita Bosaho, ambas de Podemos.
Con empresas
El modelo a seguir con esta unión de pueblos feministas y no racistas son «otras iniciativas como la Red Española de Ciudades Saludables». Se busca «desde la colaboración público-privada promover iniciativas hacia la igualdad de trato, el reconocimiento de la diversidad y la convivencia en igualdad, sin que medie discriminación por razón de origen étnico racial o por pertenencia a la comunidad LGTBI».
Llama sobremanera la atención que el equipo de Irene Montero hable de colaboración público – privada ya que en el ADN de Podemos está rechazar que cualquier empresa participe de los proyectos del Gobierno a todos los niveles. No obstante, en esta ocasión el Ejecutivo sí ve con buenos ojos que el sector privado colabore con sus líneas políticas.
Los importes previstos para el desarrollo de esta nueva red se distribuyen de la siguiente manera. En 2022, se invertirán 55.000 euros y en 2023 otros 55.000. La Dirección General de Diversidad Sexual aportará cada ejercicio 30.000 euros respectivamente y la Dirección General de Igualdad de Trato otros 25.000 cada año.
«En la actualidad se está diseñando un calendario de implementación de las actuaciones a llevar a cabo, así como la modalidad administrativa para desarrollar las mismas y que, previsiblemente, se llevarán a cabo en el segundo semestre del año 2022. Por último, cabe señalar que las administraciones implicadas serán el Ministerio de Igualdad –responsable de la gestión de las medidas– los gobiernos locales y las entidades de la sociedad civil con implantación a nivel de todo el territorio nacional y provincial y/o local», agregan desde el Ministerio.
Por otra parte, OKDIARIO solicitaba el expediente completo para la puesta en marcha de la red pero Igualdad no ofrece dicha información. Del mismo modo, tampoco aportan información sobre los criterios exactos que se fijarán para seleccionar los municipios integrantes, los beneficios concretos que obtendrán dichas poblaciones, las empresas que colaborarán, entre otros extremos.
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