El interventor del Estado rechazó el 95% de los contratos que Narbona dio en Acuamed «para financiar al PSOE»

La Justicia ha puesto ya sus ojos sobre los más de 21 millones de euros en contratos cargados a las cuentas de Acuamed o realizados a nombre de esta empresa pública. La responsable final de la empresa pública era Cristina Narbona, la entonces ministra de Medio Ambiente y hoy presidenta de todo el PSOE de Pedro Sánchez. La sospecha de la UCO pasa por que al menos parte de esos contratos sirvieran para financiar la campaña electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en las generales de 2008. El informe de la Intervención General del Estado que hoy publica OKDIARIO revela, además, que el 95% de un total de 67 contratos supervisados por el interventor fueron rechazados por no encajar en la actividad de Acuamed. Esos contratos sumaban nada menos que 11,7 millones de euros.

La Intervención se tomó en serio su labor. En su informe recuerda que “dado que excepto uno, todos los contratos analizados en la muestra antes señalada respecto a los contratos formalizados durante el ano 2007, fueron adquisiciones realizadas por la Dirección de Relaciones lnstitucionales, hemos considerado conveniente analizar la contratación realizada por este órgano desde su creación en octubre de 2006 hasta junio de 2008”. No quisieron pasar de puntillas. Y era lógico, porque el volumen de contrataciones en publicidad llamaba la antención. En ese periodo citado, de hecho, “se formalizaron 67 contratos por un importe total de 11.728.886 euros”.

Y el análisis realizado puso de manifiesto un dato de difícil justificación: “Que el 95 % de la cantidad adjudicada, 11.199.989 euros se ha destinado a las campanas informativas de programas del Ministerio de Medio Ambiente, básicamente el programa AGUA; 5.360.515 euros a divulgación de la actividad de desalación y de las plantas desaladoras, 2.922.336 euros y a distribución de agua desalada, 2.917.138 euros”.

En opinión de la Intervención, «dichas actividades no guardan relación con el objeto social de Acuamed»

Y la Intervención concluye que “en nuestra opinión, dichas actividades no guardan relación con el objeto social de Acuamed, la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de ellas”.

Mazazo a la gestión de Narbona

Se trata del enésimo mazazo a la gestión de esta empresa bajo control de Narbona. Y es que la entonces ministra cargó 7,5 millones en gastos de publicidad de Acuamed a las empresas concesionarias de las desaladoras que coordina esta empresa pública. Y otros 13,96 millones de euros fueron cargados Owen su época directamente en la contabilidad de Acuamed a través de una red de 47 contratos están siendo ya investigados por la Justicia a raíz de una denuncia que apunta a su uso como pagos para financiar la campaña electoral del PSOE en las elecciones generales de 2008. La UCO investiga por su parte y dentro del sumario de Acuamed siete millones más que, en vez de ir a las cuentas de Acuamed, acabaron siendo financiados por las empresas concesionarias de las desaladoras de la empresa pública gracias a la iniciativa personal de Narbona.

Y todo ello hace un total, por ahora, de más de 21 millones de euros. Los investigadores ya han empezado a analizar las conexiones entre las vías de financiación del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y el PSOE en Ferraz. Y ha habido un pista que ha despertado las alertas: Crespogomar SL también recibió contratos de Aquamed: en concreto, de la campaña de publicidad de la desalinizadora de Torrevieja por valor de 600.000 euros. La UCO sospecha que esos gastos fueron a pagar campañas políticas, en concreto, la de Rodríguez Zapatero de cara a las elecciones generales de 2008.

La UCO ha puesto ya los ojos en una de las campañas de publicidad que encargó Cristina Narbona por valor de 7,5 millones de euros y que no fue costeada por la empresa pública sino que su coste fue soportado por al menos una buena parte de las 30 empresas concesionarias de las desaladoras.