La Intervención detecta 15 contratos ilegales del CSIC con su propio personal

El informe oficial de la Intervención General del Estado que saca a la luz múltiples deficiencias en la gestión contractual del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) destapa la realización de 15 contratos ilegales con personal propio de la institución. Se trata del principal organismo público de investigación que preside Eloísa del Pino y que depende del Ministerio de Ciencia, que dirige la ministra Diana Morant (PSOE).

El documento, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y correspondiente al Plan de Control Financiero Permanente de 2023, revela que estos contratos vulneran la legislación vigente al contratar a personas que ya formaban parte de la plantilla del organismo, lo que constituye una causa de nulidad según la Ley de Contratos del Sector Público.

Entre las principales irregularidades detectadas, el informe señala que estos 15 contratos menores fueron realizados con trabajadores que ya eran simultáneamente personal laboral del CSIC, incurriendo en una de las causas de nulidad contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público.

La Intervención no sólo ha identificado esta práctica irregular, sino que ha recomendado una serie de medidas correctivas. Entre ellas, destaca la solicitud de un informe jurídico a la Abogacía General del Estado para determinar las consecuencias legales de estos contratos y evaluar si procede declarar su nulidad.

Además, el organismo auditor sugiere la adopción de mayores medidas de control interno, la implementación de programas de formación para los órganos de contratación y la necesidad de informar detalladamente a todo el personal laboral y funcionario sobre sus derechos y obligaciones.

El informe revela otras deficiencias significativas en la contratación del CSIC. Por ejemplo, de la totalidad de contratos menores realizados, únicamente se han publicado 4.099 contratos, lo que representa apenas un 2,49% del total de contratos menores firmados.

Asimismo, se han detectado 342 casos potenciales de fraccionamiento del gasto, con el objetivo aparente de eludir procedimientos de licitación más transparentes. Estos casos son especialmente notables en la adquisición de material de laboratorio. La Intervención recomienda la creación de una unidad específica responsable de detectar posibles fraccionamientos de gasto y planificar la contratación, buscando una mayor eficiencia, transparencia y publicidad en los procesos.

El informe también señala deficiencias en la publicación de contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que compromete los principios de transparencia y concurrencia que deben regir la contratación pública.

Estas conclusiones se suman a otros problemas detectados en la gestión del CSIC, como dificultades en el registro de ingresos, problemas en la justificación de subvenciones y retrasos en la presentación de cuentas anuales.

Ante estas revelaciones, el CSIC ha manifestado su compromiso de implementar las recomendaciones y corregir las irregularidades detectadas. Sin embargo, el informe deja claro que estas prácticas no son excepcionales, sino que representan un patrón sistemático de gestión que requiere una revisión profunda. La publicación de este informe pone de manifiesto la importancia de los mecanismos de control y auditoría en el sector público, especialmente en organismos de investigación de gran relevancia como el CSIC. Las autoridades competentes deberán ahora evaluar las recomendaciones de la Intervención General y tomar las medidas necesarias para garantizar una gestión contractual transparente, eficiente y ajustada a la legalidad.