Interior firmó dos contratos de drones con una de las empresas de la trama del ‘Tito Berni’
Drones para el SEPRONA y un sistema de detección de aeronaves no tripuladas fueron a parar al departamento de Marlaska
Un empresario confiesa a la juez que ingresó dinero en la cuenta de un alto cargo del Gobierno canario
El primer audio del socialista ‘Tito Berni’ al mediador: «Si eso llega a buen puerto, se cobrará»
El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska adquirió varios sistemas y drones a una de las principales empresas señaladas en el caso Mediador, que involucra al ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. En concreto, Interior firmó durante el tiempo en el que la trama estuvo en su apogeo de actividad -entre 2020 y 2021- dos contratos, uno con la Guardia Civil y otro directamente con el ministerio para el suministro de sistemas de detección de drones y de cinco aparatos para el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
Una de las empresas señaladas por beneficiarse presuntamente de los contactos políticos y policiales de la trama Mediador es ASD Drones, propiedad del empresario José Suárez Esteve, quien despachaba habitualmente con Marco Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador). La misma que vendió cerca de 150.000 euros en drones al proyecto GAR-SI Sahel impulsado por el Gobierno. Y entre sus clientes, también se encuentra directamente señalado el departamento que dirige Marlaska.
Así lo admite textualmente la firma de drones en su información corporativa: «A nivel nacional colaboramos con el Cetse –Centro Tecnológico de Seguridad– perteneciente a Secretaría de Estado del Ministerio de Interior, con Presidencia de Gobierno, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la Policía Nacional y policías locales de las principales ciudades de España».
El primero de los contratos que firma Interior con ASD Drones tiene fecha del 24 de septiembre de 2020. Un contrato menor adjudicado pocas semanas antes de aquella cena en Ramses a la que acudieron, junto a Tito Berni, otros 15 diputados del PSOE, según El Mediador y tal y como figura en la investigación de la Guardia Civil.
Aquel primer contrato, de 17.355 euros (más IVA), tenía por objeto la adquisición de dos sistemas para detecciones de drones con destino a la Dirección General de Policía. La gestión y firma del contrato la realiza la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior.
En marzo de 2021 llega el segundo de los contratos. Esta vez, firmado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, y cuyo objeto era la adquisición de cinco RPAS (nombre técnico que reciben los drones) para el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Este cuerpo también figura mencionado en la investigación, ya que según constatan los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI), el general Espinosa amenazaba a los empresarios del sector ganadero con enviarles patrullas del Seprona a sus fincas si no cumplían lo estipulado con la trama.
Dinero a políticos
El 16 de febrero fue detenido el empresario José Suárez Esteve, alias José Drones, en el marco del caso Mediador, aunque sólo quiso responder a su abogado y quedó en libertad. Durante su declaración, explicó cómo su hija, gerente de la empresa Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. de su propiedad, ingresó 500 euros mediante una transferencia en una cuenta que luego descubrió que pertenecía a Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería de Canarias y sobrino del diputado Fuentes Curbelo. El empresario explicó que era un préstamo para el mediador Antonio Navarro Tacoronte, Tito Berni y asegura que le dio otros 46.000 euros sin «contraprestación alguna».
La confesión ante la juez instructora del caso Mediador la hizo a preguntas de su abogado, las únicas que contestó. Confesó que había descubierto «que era una estafa» cuando «llegado un momento, vimos que esto era una falsedad y para evitarnos una inspección fiscal, le dije ‘yo necesito que me factures’. El dinero perfecto, vale, pero le hice una factura por valor de 46.000 euros, porque si no Hacienda me va a decir usted a qué se dedica. (…) Me hizo una factura que no recuerdo el nombre de quién era. En el registro del otro día encontraron esta factura de 46.000 euros más IVA. Verdaderamente, una empresa de Canarias no puede facturar 21% de IVA».
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