Interior firma 14 contratos de Emergencia para reforzar en 90 días el sistema de vigilancia de fronteras
Las cifras de inmigrantes ilegales llegados en lo que va de año ha obligado al Gobierno a gastar 1,5 millones sólo en reforzar el SIVE de la Guardia Civil
Desde el 1 de enero de este año se ha disparado la cifra de llegadas en casi un 80% con respecto al año pasado
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España cuenta con 19 puntos en sus fronteras desde los que activa su Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, de los que 17 se encuentran en zonas costeras bajo la supervisión de sus correspondientes comandancias provinciales de la Guardia Civil y dos más son sistemas móviles disponibles para apoyar zonas de cobertura. Este despliegue lleva años siendo un pozo sin fondo de dinero público por sus constantes actualizaciones, la última va a llegar por un contrato de Emergencia recién aprobado por el Ministerio del Interior que afecta a la seguridad de las fronteras y que en tres meses debe estar acabado. Las cifras disparadas de la inmigración ilegal del primer trimestre de 2022 están detrás de este nuevo gasto en un sistema que se muestra cada día más ineficaz.
Radares, sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y estaciones de comunicación en tiempo real. Sobre el papel, la explicación de cómo funciona el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, hace pensar que nos encontramos ante una red impenetrable capaz de detectar embarcaciones a decenas de kilómetros de distancia de las costas españolas. Sin embargo, lo cierto es que el SIVE se está mostrando absolutamente incapaz de poner coto a las cifras que está dejando la inmigración ilegal alentada por las mafias del tráfico de seres humanos en España.
El último informe lanzado por el Ministerio del Interior cifra en 8.276 personas la cantidad de seres humanos llegados de manera irregular a nuestras fronteras en lo que va de año. Ese dato es el correspondiente hasta el 15 de marzo pasado, por lo que las fuentes consultadas por OKDIARIO no sólo aseguran que la cifra ha aumentado bastante, sino que en este momento estará muy cerca de 10.000. Sólo con estos datos se entiende que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, decidiera el pasado mes de febrero aprobar un contrato de 14 lotes diferentes con varias empresas con este concepto: “Emergencia para financiar la prestación del servicio de mantenimiento de los despliegues fijos y unidades móviles del SIVE”.
Un pozo sin fondo de dinero público
El importe total de los contratos es de 1.497.433,95 euros, 1,5 millones que según ha sabido este periódico irán destinados a la instalación de nuevos sensores de radar en las estaciones de Cádiz, Algeciras, Málaga, Granada, Ceuta, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Baleares, Pontevedra y Tenerife. A estas 13 estaciones fijas hay que sumarle un contrato más, el que afecta a una de las dos unidades móviles del SIVE. Uno de ellos fue precisamente el que desató la polémica de haber gastado casi 5,7 millones de euros en un sistema que permaneció en una caja, literalmente, durante seis años hasta su puesta en funcionamiento.
Pero de estos nuevos 14 contratos no llama tanto la atención ni las cantidades ni los conceptos, sino la urgencia y los plazos. Interior ha hecho anteriormente inversiones en la vigilancia de las fronteras a través del SIVE mucho más importantes, de hecho, el último gran contrato aprobado a finales de 2021 era de 50 millones e involucraba el mantenimiento de toda la red de vigilancia a nivel nacional. Sin embargo, estos 14 contratos que revela hoy OKDIARIO se han aprobado por el método de Emergencia. Así que toca revisar para qué supuestos reserva la Ley aplicar este tipo de contratos.
Lo regula la Ley de Contratos Públicos y en su artículo 120 deja claros los supuestos para su aplicación, que “establece la tramitación de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. Este es el último punto que afecta a estos contratos ya que la vulnerabilidad fronteriza de un Estado entra en los parámetros de Seguridad Nacional. Pese a que el SIVE en teoría trabaja para detectar todo tipo de tráfico irregular marítimo, incluido el narcotráfico, la realidad es que, en cifras, las embarcaciones con inmigrantes ilegales ocupan la mayoría de sus alertas.
La otra parte que llama la atención de estos 14 contratos es el plazo de ejecución. Interior exige que las actualizaciones del SIVE en las fronteras estén listas dentro de tres meses desde este 20 de marzo. Interior quiere que estas mejoras estén operativas antes del 20 de junio de este año, fecha en la que se dispara el tráfico de personas a través de las embarcaciones que fletan las mafias para traer inmigrantes ilegales a Europa a través de España.
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