Inquiokupa ‘vulnerable’ que conduce un Mercedes arruina al propietario: «He perdido 30.000 €»

Víctor y su familia son los compradores de un inmueble al que no pueden entrar a vivir porque los inquiokupas no abandonan la vivienda. Estos inquiokupas llevan once años viviendo de alquiler en el piso, durante los cuales pagaban una renta mensual de 500 euros. En 2024, cuando los propietarios comunicaron a los inquilinos su intención de vender el piso y no renovar el contrato, estos dejaron de abonar la renta y pasaron a ser considerados personas vulnerables.

Los inquiokupas del inmueble han estado once años pagando una renta muy baja en un piso situado en una zona céntrica de Valencia. Cuando los dueños deciden poner en venta la vivienda, primero les ofrecen ejercer el derecho de tanteo y comprar el inmueble. «En 2024, los propietarios comunican con más de seis meses de antelación que van a transmitir el inmueble y que no van a renovar el contrato de alquiler. Incluso, les ofrecen venderles la vivienda a un precio más bajo que el que pagaríamos nosotros. Pero dicen que no están interesados y que no lo quieren comprar», explica Víctor a OKDIARIO.

Después de que los inquilinos rechazaran el derecho de tanteo, los propietarios inician el proceso de venta de la vivienda a Víctor y su familia. Durante este proceso, los compradores se enteran, a través del tasador, de que en la casa siguen viviendo los antiguos inquilinos. «Cuando el tasador, al que ya habíamos pagado, va a tasar el inmueble, nos dice: oye, hay inquilinos». Y añade: «Yo necesito que los inquilinos firmen un documento para que el banco me apruebe la financiación y así poder pagar a los propietarios la casa que había comprado junto a mi mujer», aclara Víctor.

Y continúa: «Es en el momento en el que el inquilino tiene que firmar este documento cuando dice, palabras textuales, que no va a firmar el documento ni nada que le comprometa a irse en ninguna fecha».

Víctor admite a este periódico que uno de los motivos que les ha llevado a aguantar esta situación y esperar a que los inquiokupas abandonen la propiedad es la desaceleración y los problemas de accesibilidad del mercado de la vivienda en España, especialmente en los últimos cuatro años. Entre tanto, el Gobierno renueva el Real Decreto 16/2025, que prorroga la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026. Este decreto ha sido renovado gracias a un pacto entre el PSOE y EH Bildu.

«Cuando ahora el Gobierno se pronuncia de cara a prorrogar el Real Decreto durante 2026, yo salto y digo: oye, vamos a ver, yo llevo muchos años también peleando para conseguir una vivienda. Llevo trabajando trece años y ahorrando para comprar esta vivienda y ahora me encuentro con un Real Decreto que solo tiene en cuenta a los okupas y se olvida del resto de personas afectadas por esta situación», denuncia Víctor a OKDIARIO.

Inquiokupa «vulnerable»

Víctor denuncia que los inquiokupas que le impiden entrar a vivir en la casa junto a su familia son considerados «personas vulnerables». Y explica: «Me hace mucha gracia porque a esta familia se le concedió la vulnerabilidad en 2024 y, por lo que yo sé, esta persona tiene una empresa propia y conduce un Mercedes». Además, añade: «Debido a la situación de supuesta vulnerabilidad en la que se encontraba esta familia, se les ofrecieron distintas alternativas habitacionales por el mismo precio en otros pueblos de la zona y se negaron».

«Para que te des cuenta del miedo que tengo a perder la casa, no me atrevo a pedirle el dinero a la inmobiliaria que nos gestionó la compra del inmueble, para que no busquen a otro comprador y perder esta vivienda», lamenta Víctor a este periódico. Y añade: «Llevamos cuatro años buscando un piso». 

El problema de acceso a la vivienda en España es una cuestión cada vez más enquistada a nivel social y nacional. Los precios elevados, la escasez de oferta y los salarios dificultan cada vez más el acceso a la vivienda. A esto hay que sumarle la inquiokupación de viviendas, un problema agravado por la prórroga por séptimo año consecutivo de un Real Decreto que paraliza los desahucios.

Según el Ministerio del Interior, en 2024 se produjeron 16.426 denuncias por okupación ilegal. Estos datos muestran un aumento del 7,4 % respecto a 2023. Cataluña es la comunidad autónoma donde más se da este problema, con 7.009 casos, lo que supone el 42 % del total nacional. Además, según el portal inmobiliario Idealista, en 2024 más del 2,5 % de los anuncios de viviendas incluían okupas, mientras que en 2025 había más de 23.000 viviendas okupadas a la venta.