Crisis del coronavirus

Un informe de Iglesias culpa a los ancianos de las muertes en residencias por su «sordera»

Pablo Iglesias residencias
El vicepresidente Pablo Iglesias da por concluida la investigación sobre residencias con un informe del que sale inmaculado.
Pelayo Barro

La Vicepresidencia Segunda del Gobierno, encargada de Derechos Sociales y Agenda 2030 y en manos de Pablo Iglesias, no tiene previsto llevar a cabo más investigaciones sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante el 2020. Estos centros, que han acumulado miles de muertos a lo largo del año, han sido los grandes afectados por la pandemia. El epicentro de la mortalidad por el Covid. Pero el departamento de Pablo Iglesias ha zanjado lo ocurrido en las residencias con un informe que analiza las causas del desastre y en el que se apunta como responsable a todo (características del virus, de los internos, de los trabajadores o del «sistema»). Llega incluso a insinuar que los «problemas de audición» de los internos les impidió comprender los consejos de autoprotección. Todo influyó, según el informe, excepto una cosa: el propio Ministerio de Iglesias.

El ‘mando único’ de las residencias, que asumió durante la primera ola de la pandemia el propio Pablo Iglesias poniéndose al frente de la gestión gubernamental, asume que no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en lo ocurrido en los centros de mayores. Así se desgrana del informe que presentó hace semanas Iglesias y que pasó relativamente inadvertido. En un principio se aseguró que el documento estaría en constante actualización, pero desde la patronal de los geriátricos, que pidieron audiencia a Pablo Iglesias durante meses, descartan que vayan a darse novedades en un futuro: «Nos han dicho que con lo que figura en ese documento ya es suficiente y no está previsto introducir cambios», advierten a OKDIARIO fuentes del sector que han estado en contacto con la Vicepresidencia de Iglesias.

De esta manera, Iglesias zanja lo ocurrido en el «Informe del Grupo de Trabajo Covid-19 y residencias», que ha coordinado la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, y ha contado con representantes de otros departamentos como Hacienda; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Política Territorial y Función Pública; Trabajo y Economía Social; Educación y Formación Profesional. También contó con la colaboración de organización de empresarios como CEOE o CEPYME y con la participación de los principales sindicatos.

La «tormenta perfecta» de Iglesias

Las conclusiones son sorprendentes: el impacto mortal del Covid en las residencias se produjo por todo tipo de factores entre los que no hay ninguno de corte político. La gestión de Iglesias en 2020 sale inmaculada, ya que el grupo de trabajo apunta a «una treintena de factores que estuvieron presentes y que interactuaron en lo que podríamos calificar como una ‘tormenta perfecta’».   Una situación que habría dejado cerca de 30.000 fallecidos en estos centros.

El Ministerio de Iglesias engloba esa treintena de factores en 8 grupos diferenciados:

residencias
Factores que provocaron la «tormenta perfecta» sobre las residencias, según el departamento de Iglesias.

El primero de ellos relaciona esa «tormenta perfecta» con las características propias del virus y la enfermedad que provoca. destacando su alto nivel de contagiosidad -especialmente en mayores con menos defensas inmunológicas- y en el «desconocimiento» del patógeno que marcó las primeras semanas de gestión.

El foco en los ancianos ‘sordos’

También pone el foco el informe sobre las «personas usuarias de los centros residenciales y sus características». Es decir, en los propios mayores, las víctimas en todo el asunto, a quienes el documento describe como individuos de avanzada edad, que presentan morbilidades o discapacidad. Dice, además, que sufren habitualmente problemas «neurocognitivos» que les llevan a la «ausencia de comprensión por los residentes sobre lo que está sucediendo». Dice, incluso, que este colectivo sufre «pérdida de audición, que implican dificultades para acceder a la información sobre la crisis».

Además, asegura que los centros de mayores tienen de por sí una infraestructura que les impide acceder en muchas ocasiones a «medios de protección adecuados» por sí mismas, obviando las innumerables demandas de material de protección que estos centros cursaron al Gobierno durante las semanas más duras de la pandemia. Incide por otra parte en el propio confinamiento de las residencias -decretado por el Gobierno- ya que «muchos centros embolsaron la infección, convirtiéndose en un espacio inevitable de diseminación interna generalizada».

Falta de material

El único atisbo de autocrítica queda diluido en la redacción del informe: se produjo durante semanas una «escasez, cuando no ausencia, de equipos de protección individual adecuados, entre marzo y mediados de abril, en muchos casos por las dificultades ya conocidas de desabastecimiento generalizado». Pero ni una sola mención a la gestión gubernamental o a las causas de ese desabastecimiento.

El departamento de Iglesias se despacha también con los propios trabajadores del centro, con plantillas cortas y sin formación suficiente, incidiendo en la ausencia de  «personal sanitario suficientemente entrenadopara el abordaje de una situación de infección generalizada en el centro como la vivida». Asegura, además, que se dio un «uso inadecuado de los EPIs» ya que el personal no estaba adecuado a ellos (en este punto se omite que no disponían generalmente de esos equipos de protección).

Dardo a las comunidades

El equipo de Iglesias cierra ese informe, en el que su gestión política sale inmaculada, hablando de «problemas de comunicación entre el personal de las residencias, las personas residentes y las familias», la «enorme dificultad de acceso a pruebas diagnósticas» (de nuevo sin mencionar las causas), e incluso de las funerarias («colapso en los servicios habituales encargados del manejo y recogida de cadáveres») .

En resumen, que «la virulencia y rapidez de la primera oleada superó el ritmo de la adopción de medidas». Eso sí, carga cualquier responsabilidad en las comunidades autónomas, a las que acusa de  que «la toma de decisiones podría haberse beneficiado de un mejor intercambio de información derivado de la existencia de un sistema más interconectado y con mayor detalle sobre la situación de los distintos centros y su evolución.

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