El infierno de tener una inquiokupa: «Soy vulnerable, con el alquiler completaba mi pensión de viuda»

La okupación sigue causando estragos en muchos puntos de España. Éste es el caso de Susana cuya casa, situada en el municipio de Alfafar (Valencia), lleva 27 meses secuestrada por una inquilina que dejó de pagar. Ser víctima de la okupación le ha llevado a tomar ansiolíticos y su situación es tan dramática que, vestida de presa, está protestando en la plaza del ayuntamiento de su localidad para denunciar lo que está pasando. «Yo soy vulnerable, con el alquiler completaba la pensión de viudedad de 627 euros que recibo», explica la propietaria en una entrevista con OKDIARIO.

Susana alquiló su casa en el municipio de Alfafar. Todo iba bien hasta que, con la excusa de la pandemia, su inquilina dejó de pagar. Superada la emergencia provocada por el coronavirus, la arrendataria comenzó a ser morosa. Y así hasta el día de hoy, provocándole a Susana una deuda de 13.000 euros. Esta situación financiera ha llevado a la propietaria a tener que declararse vulnerable ante los servicios sociales, ya que sus ingresos se limitan a una pensión de viudedad de 627 euros y necesita el dinero del alquiler. Sin embargo, su inquiokupa sigue sin pagar.

«No puedo más. Esto está afectando a mi salud física y psicológica, estoy tomando ansiolíticos», explica Susana en una conversación con OKDIARIO. Y es que ser víctima de una okupación no sólo afecta a nivel económico, sino también les cuesta la salud a muchos propietarios. Éste es el caso de los miembros de la Plataforma Afectados por la Okupación, una asociación a la que pertenecen propietarios víctimas de los okupas que están dando visibilidad, entre otras cosas, a las secuelas psicológicas que conlleva ser víctima de una okupación.

En la misma senda y para denunciar su situación, Susana ha decidido manifestarse vestida de presa en la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, el municipio donde se encuentra su vivienda. Lo hace para demostrar la condena que es sufrir el secuestro de un piso que lleva pagando años. Portando carteles en los que se puede leer «años de trabajo, sacrificio y pagando para que otros lo disfruten» o «los pequeños propietarios no somos una ONG», Susana ha pedido a los servicios sociales que la ayuden.

La propia Susana se ha declarado vulnerable, ya que necesita ese alquiler para vivir. Actualmente, la propietaria sólo tiene como ingreso una pensión de viudedad de 627 euros y necesita los beneficios del alquiler para poder ser independiente económicamente. Además, necesita su piso para estar cerca de sus hijas, ya que una de ellas está a punto de ser madre.

Por su parte, la que también se ha declarado vulnerable es precisamente su inquiokupa. Según explica Susana a este periódico, la okupa dice tener un 90% de discapacidad, sin embargo, su casera asegura que conduce, que no tiene ayuda asistencial y que vive en su piso que es un tercero sin ascensor. Asimismo, Susana asegura que la inquiokupa no contesta al teléfono cuando los servicios sociales le están proporcionando una alternativa habitacional.