Los independentistas de Òmnium pasan el cepillo y doblan la cuota a sus socios para pagar las multas

Una de las entidades organizadoras del referéndum ilegal en Cataluña pide a sus socios más dinero para afrontar las multas del Gobierno. El presidente de la asociación independentista Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviado una carta a sus socios advirtiéndoles que a partir de septiembre les duplica la cuota con el fin de afrontar el referéndum ilegal del 1 de octubre ante el intento del Estado «de ahogar financieramente a la entidad con dos multas políticas de 330.000 euros».

Cuixart pide «un esfuerzo excepcional» para hacer posible la independencia y les pide no desfallecer ahora: «Necesitamos más fuerza que nunca». Lo que desde Ómnium llaman «ayuda para la independencia» pasará a cobrarse al recibo de los socios, dependiendo de la cuota que paguen.

La página web de la asociación independentista pone en primer lugar los diferentes precios para hacerse socio: los menores de 30 años abonan tres euros al mes, la cuota que llaman ‘individual’ es de seis euros, la familiar de siete mientras que para «entidades y empresas» son ocho euros al mes.

«En el caso de querer rectificar o anular la nueva tarifa podrán hacerlo hasta el 31 de octubre y tendrán tres vías para comunicarlo: por teléfono, por correo electrónico y por correo postal», advierten en la carta.

Según la propia entidad, cuentan con 67.963 socios, y lo que ellos denominan «multas políticas» son las sanciones que la Agencia Española de Protección de Datos puso este año por abuso de datos idelógicos en la ‘Gigaencuesta’ que hicieron las entidades secesionistas en 2014, justo antes de la consulta del 9N, para preguntar a los ciudadanos cómo querrían que fuera una Cataluña independiente.

La multa ascendió a 200.000 euros y entre las preguntas también preguntaban por las prioridades de inversión que debería haber en una Cataluña independiente, las lenguas oficiales y la participación en un referéndum. La segunda sanción de 90.000 euros a la entidad independentista fue por tener una base de datos inoperativa en Estados Unidos cuando se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos alojados en este país. Cuixart dejó claro que se trataba de una «persecución» por parte del Estado.

El negocio de la independencia

A estas alturas, ya han salido a la luz numerosos reportajes sobre el gran negocio del independentismo. Y a pesar de ‘pasar el cepillo’, Òmnium tendría fondos de sobra para financiar las multas si deciden seguir adelante quebrantando la Ley. La entidad independentista recibió, entre 2005 y 2010, casi 10,5 millones de euros en subvenciones a través de diferentes ayudas puntuales y convenios plurianuales del Govern. Estas ayudas, en su gran mayoría, fueron destinadas con el objetivo de promover «la lengua y la cultura catalanas». Ya en 2014 y, tal y como publicó OKDIARIO, Òmnium ingresó 6,6 millones de euros.

La entidad independentista tenía en 2014 un patrimonio inmobiliario de tres millones de euros (incluyendo edificios que ha recibido en forma de “donación” o herencias), 50.000 socios, una plantilla formada por más de medio centenar de personas y más de 30 sedes repartidas por toda Cataluña. Todo un imperio financiado generosamente por las Administraciones públicas, que trabaja de forma incansable para lograr la ruptura de la Constitución y la proclamación del Estado catalán.

Y entre las instituciones que alimentaron a la entidad se encuentran el Ayuntamiento de Barcelona presidido en aquel momento por el alcalde de CiU Xavier Trias (le concedió subvenciones por importe de 160.500 euros), la Diputación de Barcelona (25.000 euros) y los ayuntamientos de Igualada (9.200), Sant Cugat (7.850), Olot (6.550), Sant Boi de Llobregat (6.082), Vic (5.000), Girona (4.500) y Reus, con idéntica cantidad. Todo ello, en un momento de recortes y austeridad en el que la mayoría de las Administraciones catalanas se vieron obligadas a reducir el gasto destinado a los servicios públicos.

Las últimas cuentas dadas a conocer por la entidad son las correspondientes a 2015 y ya superaban los 5 millones de euros con unos gastos en personal de 1,4 millones (55 empleados). Precisamente, fueron Òmnium junto con la ANC los que lograron recaudar 100.000 euros con su llamada ‘caja de solidaridad’ para pagar la multa del diputado Francesc Homs (300.000 euros) que impuso el Supremo por el 9N.

El presidente de Òmnium asegura que, a día de hoy, no recibe ayudas públicas. Sin embargo, la Generalitat le ha ido proporcionado una buena hucha a través de subvenciones que bien podría sufragar las multas ya puestas por la Agencia Española de Protección de Datos como las posteriores, si deciden continuar con la celebración del referéndum ilegal el próximo 1 de octubre.