Los independentistas catalanes diseñan un Parlament bis para sortear la legalidad española

Los 5,8 millones de euros que la Generalitat ha destinado para la independencia de Cataluña y seguir con la hoja de ruta para convocar el referéndum forman parte del plan puesto en marcha por Puigdemont y Junqueras con independencia de cómo salgan las negociaciones con el Gobierno. Según las fuentes consultadas, el ex presidente Artur Mas tranquiliza con cenas privadas a los empresarios catalanes asegurando que va a haber una salida pactada con el Estado. Sin embargo, los independentistas se guardan un as en la manga por si acaso el Tribunal Constitucional suspendiera al Parlament o al Govern.

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) con consentimiento del Partido Demócrata Catalán (PDECat), ERC y la CUP, han propuesto la creación de una Asamblea de Electos de Cataluña (Aecat) para, en caso de que el Alto Tribunal suspenda a los organismos oficiales por poner en marcha la consulta, continuar con el proceso soberanista y realizar el referéndum. Así es como lo explican miembros del partido de Mas que defienden que, en ese caso, lo habrán intentado con el Ejecutivo pero éste no ha consentido «celebrar un acto democrático» para los catalanes, señalan a OKDIARIO.

El plan tiene similitudes con la Asamblea de Electos Vascos, llamada Udalbiltza y convocada por Juan José Ibarretxe en 1999, cuando era lehendakari del País Vasco. Entonces, el jefe del Gobierno Vasco impulsó una asamblea alternativa al Parlamento autonómico a la que se incorporaron entusiastamente los proetarras, entonces bajo la marca de Euskal Herritarrok (EH). Los dirigentes del PSE en aquellas fechas, Rodolfo Ares y Patxi López, calificaron la iniciativa de «grave irresponsabilidad» y señalaron al PNV por «estar beneficiando conscientemente» a los radicales.

Hacer el referéndum «pase lo que pase»

El organismo impulsado en Cataluña cuenta, por ahora, con 2.500 cargos y la intención es «reclutar a más» para «que esté preparado cuanto antes». Esta semana, han dado a conocer el plan en un asamblea interna en Gerona en la que han propuesto escribir a concejales, diputados, alcaldes y otros cargos para que se adhieran al proyecto. El objetivo es «ser una entidad soberana para llevar adelante la hoja de ruta de la Generalitat pase lo que pase», señalan las mismas fuentes. Explican que en la actualidad hay casi 970 ayuntamientos inscritos pero faltan los principales, como es el de Barcelona, por lo que tienen pensado solicitar un encuentro con la alcaldesa Ada Colau para que apoye la propuesta.

«Si hay obstáculos y por la vía normal no se puede hacer, la asamblea estará ahí para actuar y hacer posible lo que nos han pedido los ciudadanos. Sería negativo avanzar más detalles», señaló en la reunión la presidenta de este organismo y miembro del PDECat, Neus Lloveras. En el acto también estuvieron presentes Marta Madrenas (PDECat), la diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà, y los alcaldes gerundenses de Celrà, Dani Cornellà (CUP), y Bellcaire d’Empordà, David Font (Democratas de Cataluña).

Podemos ve bien las partidas para el referéndum

Los independentistas han visto con buenos ojos y como prueba de que Colau «podría aceptar» las declaraciones de la formación morada sobre la partida destinada al referéndum en los presupuestos. «No nos parece mal la decisión económica de que se presupueste un referéndum que defendemos, pero esto no quita la decisión política de llegar a un pacto para que cumpla al menos tres garantías que reclama En Comú Podem», aseguró la Secretaría Política que dirige Íñigo Errejón, en el argumentario interno sobre los temas de actualidad que cada día elabora este departamento.

En el texto, Podemos reafirmaba su apuesta por la celebración de un referéndum en Cataluña como vía para solucionar el problema territorial, pero también recuerda que esta consulta debe hacerse, a su juicio, con las garantías que reclaman junto a sus socios de la confluencia catalana, y que son «reconocimiento internacional, amplia participación ciudadana» y que tenga «todas las implicaciones jurídicas y políticas», es decir, que sea vinculante.