Iglesias también pierde la demanda que puso a Inda por afirmar que le financiaron Irán y Venezuela

Nuevo varapalo judicial para Pablo Iglesias. El ex líder de Podemos ha perdido una vez más en un juicio contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, por afirmar que el partido morado se ha financiado de las dictaduras de Venezuela e Irán. Además, la magistrada entiende que no se ha vulnerado el derecho al honor del ex secretario general de la formación morada y ha condenado en costas a Iglesias.

Pablo Iglesias anunció en plena campaña electoral que emprendería «acciones legales» contra Inda por su intervención en El Programa de Ana Rosa, cuando en el espacio de Tele 5 se comentaba el vídeo electoral de Podemos –difundido por los morados durante la campaña para los comicios de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo– poniendo en la diana a varios periodistas críticos, entre ellos el director de este periódico. «Una gente que señala a periodistas, una gente que pide que una persona inocente como yo vaya a la cárcel, es gentuza, es chusma», afirmó el director de OKDIARIO. Y añadió: «Algún día los medios de comunicación tendrán que reflexionar lo que ha sido durante los últimos siete años la promoción constante de este personaje, de su partido, cuando es un partido antidemocrático, un partido financiado por dos dictaduras. Por la venezolana, que asesina a los disidentes y a la gente que no comulga con ellos. Y por la dictadura iraní, que cuelga a homosexuales por el hecho de serlo y que lapida a mujeres».

Según el entonces líder de Podemos, «el silencio de la presentadora [Ana Rosa Quintana] mientras, entre insultos, [Eduardo Inda] nos acusaba falsamente de delitos gravísimos, simplemente revela lo que es la ultraderecha mediática», aseguraba Iglesias en las redes sociales en las que anunciaba que emprendería acciones legales contra Inda.

La juez subraya en la sentencia: «Las declaraciones efectuadas por el Sr. Inda, en el marco de una opinión relacionada con las conductas políticas relacionadas con una etapa reciente relativas a la supuesta percepción de fondos procedentes de Venezuela e Irán, que ha generado un gran debate no solo en el marco político sino que ha alcanzado al ámbito judicial (…) que supone, en definitiva, que las manifestaciones vertidas por el Sr. Inda lo sean en el ejercicio de la libertad de expresión».

En cuanto al supuesto «insulto» al que hizo alusión Iglesias en sus redes sociales después de que Inda recordase que su partido se financiaba de Irán y Venezuela, la juez se muestra contundente: «El segundo criterio o, más bien, requisito para que en esa ponderación la libertad de expresión prevalezca sobre el derecho al honor consiste en que no se hayan empleado expresiones insultantes o denigrantes desconectadas del ámbito al que afectan las manifestaciones realizadas. Esta prevalencia de la libertad de expresión sobre el derecho al honor cuando se expresan opiniones sobre cuestiones de interés general se produce incluso cuando la expresión de la opinión se haga de un modo bronco, desabrido o hiriente y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática».

Para la magistrada, además, los partidos políticos y sus representantes «deben asumir las consecuencias derivadas de sus actuaciones», máxime cuando se encuentran en campaña electoral, periodo en el que «se exponen inevitable y conscientemente a un control exhaustivo de sus hechos, y aunque sin duda les asiste el derecho de proteger su reputación, incluso fuera del marco de su vida privada, los imperativos de dicha protección deben ser sopesados con los de la libre discusión de las cuestiones políticas». Citando jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos de Humanos añade asimismo “que es fundamental, en una sociedad democrática, defender el libre juego del debate político, que se encuentra en el centro de la noción de sociedad democrática”.

Por todo ello, la juez considera que «las declaraciones del Sr. Inda lo son dentro de los límites de los comentarios críticos de las figuras públicas» y, añade, «se procede a la desestimación íntegra de la demanda entablada».

Podemos financiado por Venezuela

El partido de Pablo Iglesias está siendo investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por un presunto delito de financiación ilegal, blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental por los fondos recibidos de la narcodictadura venezolana. El juez ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) investigar el desvío de 142.000 dólares que Nicolás Maduro pagó a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.

El ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, ya relató en un Informe Confidencial, el título del documento enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón al que tuvo acceso en exclusiva este periódico, el modus operandi de Caracas para financiar a Podemos. Entre las distintas vías utilizadas para hacer llegar el flujo de dinero, destaca la entrega en efectivo en España «a través de empresas con fachada española».

Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a «empresas españolas de su elección para que organizara los eventos internacionales Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero».

El militar venezolano señaló a las mercantiles Viu Comunicaciones C.A y Viu España SL, cuyo administrador único es el venezolano Ernesto Velasco, como las encargadas de financiar a los morados con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Además, este testigo principal también entregó al magistrado una orden de contratación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la que Nicolás Maduro aprobó un gasto total de 532.520 dólares para financiar la presencia de la petrolera estatal PDVSA en la cumbre internacional del petróleo de Moscú, de acuerdo con un presupuesto presentado por la empresa con sede en Caracas VIU Comunicaciones C.A.

De esta cantidad, 142.000 dólares debían destinarse a tres miembros de Podemos, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, y otros 280.520 dólares al diseño y ejecución material del stand de PDVSA. El «punto de cuenta» se elaboró a propuesta del ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez Carreño.

En abril de 2016, OKDIARIO y otros medios españoles revelaron que Chávez también firmó personalmente la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias para «llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo», a través de su Fundación CEPS, el germen de lo que poco después sería Podemos.

El funcionario que tramitó los pagos fue Rafael Isea, un militar chavista, ministro de Finanzas y Planificación, y que es hoy un «arrepentido» que vive protegido por las autoridades federales de Estados Unidos, donde está refugiado. Precisamente fue la Administración de Washington la que hizo llegar estos documentos a la Policía española.

Los documentos explicaban que los pagos se realizaron en 2008 (1,9 millones de dólares), 2009, 2010 y 2011 (3,1 millones de dólares) y 2012, 2013, 2014 y 2015 (1,7 millones de dólares), por el propio Isea, antes de escapar en 2013 a Estados Unidos como testigo protegido de la DEA, la Agencia de EEUU contra las drogas. En todo caso, desde el año 2003 la Venezuela chavista venía entregando fondos a la Fundación CEPS.

Esa documentación demostró que los que luego se convertirían en fundadores del partido morado no sólo asesoraban a través de su Fundación CEPS al mandatario venezolano, sino que también le dictaban los contenidos de su programa televisivo Aló, Presidente y le cantaban las glorias en sus espacios audiovisuales en España como La Tuerka o Fort Apache.

La financiación de Irán

Durante años, Pablo Iglesias presentó el programa Fort Apache en HispanTV, un canal sostenido por capital público iraní. Cuando en su día le preguntaron cómo podía trabajar, y cobrar, de un régimen que es una teocracia, el líder de Podemos contestó: «Así es la política… A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia; a los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas».

En 2016, Iglesias reconoció que el Gobierno de Irán le seguía pagando las facturas del teléfono móvil que utilizaba habitualmente para contactar con periodistas y con compañeros de su partido. El número 673.298*** que en aquellos años figuraba en la agenda de decenas de periodistas como forma de contacto con Iglesias, estaba registrado a nombre de Mahmmoud Alizadeh Azimi, el máximo responsable de HispanTV en España.

Además, en ese mismo año OKDIARIO desvelaba un informe confidencial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Según la Policía, el Gobierno iraní aportaba entre 600.000 y 700.000 euros anuales a 360 Global Media, la empresa que gestiona la señal de Hispan TV en España. Los pagos, contabilizados desde 2013, habrían servido para lanzar la imagen pública de Pablo Iglesias y promocionar a su partido, Podemos.