Hasta la Fiscalía de Sánchez considera una «amenaza terrorista» la violencia del independentismo catalán

La Fiscalía General del Estado lleva años calificando la violencia del independentismo catalán como terrorismo. En concreto, el «movimiento violento independentista catalán» figura dentro de la categoría de «terrorismo nacional» en sus sucesivas memorias anuales. Una clasificación que choca con el pacto entre el Gobierno y sus socios separatistas para modificar la Ley de Amnistía, blindando las acciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic.

La enmienda pactada el pasado martes por el PSOE con Junts y ERC -y apoyada por Sumar, Podemos, Bildu y el PNV- incluye el terrorismo en la amnistía salvo que «de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos». Esta precisión supondría la exclusión del separatismo radical y a los investigados por los CDR y Tsunami, entre ellos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira.

«Acción de la Justicia»

En la última memoria de la Fiscalía General del Estado -correspondiente a 2022- se encuadra al independentismo violento catalán dentro de las amenazas de terrorismo en España. En la «evaluación del estado actual de la amenaza», la Fiscalía concluye que «se ha detectado una disminución de las acciones de sabotaje debido principalmente al agotamiento de la militancia y a la falta de hechos relevantes para su imaginario que puedan ser utilizados como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campañas de acciones». Y se subraya además que «la pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos motivada también en parte por la acción de la Justicia ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en la llamada Antirrepresión». «La movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae la mayor cantidad de recursos a estos colectivos, con la ejecución de campañas de pintadas o en redes sociales», se observa.

Esta clasificación ha figurado en los últimos años en todas las memorias anuales de la Fiscalía, e incluso ha sido objeto de crítica por parte del separatismo, que llegó a elevar una queja a la Comisión Europea por esta cuestión.

Cabe recordar que, en septiembre, y en respuesta a una exigencia de Puigdemont, el Gobierno solicitó a Europol que desvinculase al independentismo catalán del terrorismo en el Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (TESAT 2023), publicado en junio. En dicho documento se incluía al independentismo catalán en el epígrafe de Terrorismo etno-nacionalista y separatista y se situaba al separatismo catalán y vasco como «los más activos y violentos».

Se da la paradoja de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entregó a Pedro Sánchez la última memoria de este organismo el pasado 6 de septiembre. Es decir, ya en plenas negociaciones con Junts y ERC para la investidura. Pese a las quejas del separatismo, esa clasificación se mantiene aún hoy intacta.

«Desórdenes públicos»

Cabe recordar también que, en el marco de la investigación de Tsunami, la Fiscalía llegó a calificar de terrorismo la actuación de la plataforma independentista. Una clasificación que rectificó unos meses después. En concreto, en su primer informe, de julio del año pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunciaba sin género de dudas: «La gravedad de los hechos permite sostener de manera razonable el juicio de provisional según el cual se han cometido delitos de terrorismo».

Sin embargo, en noviembre -y tras conocerse la investigación a Carles Puigdemont y Marta Rovira por un presunto delito de terrorismo- el Ministerio Público cambió de parecer, y anunció que recurriría la decisión del juez al considerar que los hechos de Tsunami no eran terrorismo, sino desórdenes públicos agravados.

Pese a esa rectificación, las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado no han incorporado ninguna corrección y mantienen la calificación de «terrorismo», equiparando al separatismo catalán con ETA o el GRAPO.

Ley de Amnistía

La última versión de la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y sus socios supone un cambio de calado, al dejar impune el terrorismo cometido durante el proceso separatista catalán.

En concreto, han acordado modificar el artículo 2, en su apartado d), para precisar que sólo quedarían excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo «siempre y cuando» la intención de los acusados fuese generar «violaciones graves de derechos humanos», sugiriendo con ello que hay un terrorismo que no causa dichas violaciones.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, abundó en esta idea al asegurar que el Gobierno no ha traspasado una línea roja porque, a su juicio, el terrorismo sigue exceptuado «cuando haya una violación grave de derechos humanos». En opinión de Bolaños, con la enmienda se «garantiza la seguridad jurídica» de la amnistía adaptándola «a los mejores estándares europeos». Las directivas de la Unión Europea, sin embargo, contradicen esa afirmación.