Hasta 12 jueces de tribunales distintos han avalado a Peinado tras ver indicios delictivos en Begoña Gómez

Un total de 12 magistrados distintos han intervenido en resoluciones oficiales que, con ligeros matices, han avalado la actuación del juez Juan Carlos Peinado en la instrucción del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En lugar de decir que es una instrucción supuestamente espuria, como defiende el Gobierno, han señalado indicios delictivos en los hechos analizados y justificaciones para investigarlos.

Tal como enumera OKDIARIO, dos secciones de la Audiencia Provincial de Madrid han avalado en líneas generales la causa y han delimitado ligeramente el objeto de la causa en varios autos sucesivos. Dictados por dos secciones distintas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado ya cuatro querellas contra el instructor; los jueces de Plaza de Castilla han salido en su defensa frente a las críticas del Gobierno, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ido archivando quejas de particulares, aunque todavía mantiene abiertas otras.

Precisamente a partir de este lunes la Audiencia Provincial entra a deliberar las últimas decisiones clave de Peinado. Podrían avalar la apertura de juicio oral con tribunal de jurado tal y como ha planteado el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tumbar todo el caso o delimitar la causa en mayor o menor medida como han hecho otras veces.

Audiencia Provincial

Hasta ahora, la Sección 23ª, que resuelve de forma colegiada con tres magistrados por auto —Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés como ponente habitual—, ha ido moldeando el perímetro de la instrucción desde su primera resolución, de 29 de mayo de 2024.

En sucesivas decisiones, una de las más recientes, de 27 de octubre de 2025, la Sala ha insistido en que deben quedar excluidos «los hechos relativos a Globalia», salvo que aparezcan datos «realmente nuevos y de signo incriminatorio». No obstante, el núcleo central de la causa lo ven suficientemente grave como para seguir investigando por varios posibles delitos.

En un auto de mayo de 2025, los magistrados avalaron la línea de investigación sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva, al considerar que desde ahí «se habrían urdido el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva».

Por su parte, la Sección 3ª, integrada por Eduardo Víctor Bermúdez, Rosa Esperanza Rebollo y Juan José Escalonilla, también ha intervenido: el 11 de diciembre de 2024 estimó un recurso de Vox y ordenó remitir a Peinado una querella que el Juzgado nº 34 había inadmitido, al apreciar la conexión de los hechos también susceptibles de ser delito.

El Tribunal Superior de Madrid

La Sala de lo Civil y Penal ha sido la encargada de frenar varios intentos de apartar a Peinado mediante querellas por prevaricación. Ha inadmitido ya cuatro, entre ellas la de la propia Begoña Gómez —resuelta por Francisco José Goyena, Jacobo Vigil y María Prado—, la de Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado, la de un ex concejal socialista de Guadalajara y la del escritor Máximo Pradera.

En su resolución sobre la querella de Begoña Gómez, el tribunal concluyó que las decisiones de Peinado «no pueden considerarse injustas ni arbitrarias» y recuerda que «la revocación de una resolución judicial por vía de recurso no es sino la realización del sistema procesal en varias instancias».

Sobre la denuncia de Fernando Jabonero, resuelta por los jueces Celso Rodríguez Padrón –presidente del TSJM–, Jacobo Vigil y la propia Prado como ponente, ha sido más tajante.

Lista de jueces que han intervenido

Los jueces que han intervenido con autos y sentencias en los hechos y la instrucción son los siguientes:

1. Juan Carlos Peinado
2. Rosario Esteban
3. Jesús Gómez-Angulo
4. Enrique Bergés
5. Eduardo Víctor Bermúdez
6. Rosa Esperanza Rebollo
7. Juan José Escalonilla
8. Francisco José Goyena
9. Jacobo Vigil
10. María Prado
11. Celso Rodríguez
12. Jesús María Santos

Además, cuando Peinado estaba de vacaciones, otros dos jueces de Plaza Castilla (Carlos Valle y Antonio Viejo) intervinieron en su condición de sustitutos naturales en la propia causa para dictar autos en la misma línea que viene llevando Peinado.

Los jueces de Plaza Castilla

Por otra parte, en otro plano, la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid emitió el pasado 16 de abril de 2026 una declaración institucional en la que ha mostrado su «apoyo al magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid» frente a lo que describe como «ataques profesionales y personales».

El comunicado respondía, entre otras, a las palabras del ministro Félix Bolaños, quien afirmó que la instrucción «ha avergonzado a muchos ciudadanos, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados en nuestro país».

Los jueces de instrucción replicaron que ese tipo de declaraciones «tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces». El texto termina con una frase que ha resonado con fuerza en los mentideros judiciales: «La ley es igual para todos, sin privilegios».

A ellos se han sumado tres de las cuatro asociaciones judiciales del país, entre ellas la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, que ha calificado de «inadmisibles» las palabras del ministro.

El CGPJ

Por su parte, el órgano de gobierno de los jueces ha ido cerrando, uno tras otro, los expedientes informativos abiertos contra Peinado por quejas de particulares. La Comisión Permanente acordó el pasado 24 de marzo de 2026 archivar cuatro de esas diligencias, «en base al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, partidario del archivo».

No obstante, eso sí, el CGPJ mantiene abiertas las dos quejas presentadas por el propio Bolaños, relativas a la forma en que el instructor le tomó declaración como testigo. También sigue pendiente el abierto por sus palabras –luego matizadas– sobre que la escolta de Begoña Gómez le podría ayudar a fugarse. El instructor luego recordó que un ex presidente europeo, el italiano Bettino Craxi, logró fugarse y que hay policías condenados en España por conductas irregulares. 

La eurofiscalía, la UCO y la IGAE

La instrucción se sostiene además en el trabajo de varios organismos ajenos al Poder Judicial. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado ya varios atestados entre 2024 y 2026 que han servido de base indiciaria para buena parte de las diligencias acordadas.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que depende del Ministerio de Hacienda, también ha emitido informes periciales sobre los contratos y expedientes relacionados con la Cátedra TSC, mientras que la Fiscalía Europea mantiene en su dominio la parte del procedimiento vinculada a los fondos comunitarios de Red.es. Los eurofiscales ven delito en una parte que siguen analizando y en otra que han derivado precisamente a Peinado por no ser competencia suya.

Origen del caso

El origen de todo el entramado se remonta al 16 de abril de 2024, cuando Peinado incoó las diligencias previas a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Desde entonces, la instrucción ha ido creciendo hasta desembocar, este 20 de junio de 2026, en el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés.

El resultado es una contabilidad judicial contundente: mientras el instructor acumula resoluciones confirmadas por sus superiores, el entorno de la Moncloa arrastra ya media docena de maniobras fallidas contra el propio juez que investiga a la esposa del presidente. Un pulso togado que, de momento, sólo ha tenido un vencedor: Juan Carlos Peinado.