Hacienda despachó el informe sobre el hermano de Sánchez con un ‘corta y pega’ del BOE
La Agencia Tributaria fusila normativa propia en un apartado esencial de su respuesta a la juez
El escrito, que trata de exonerar al músico David Azagra, no entrecomilla varios párrafos
El informe remitido por Hacienda a la juez de Badajoz que investiga al hermano de Pedro Sánchez por la presunta comisión de hasta cinco delitos de corrupción y fiscales incluye un corta y pega de normativa propia publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Lo hace en uno de los apartados esenciales del documento requerido por la instructora. Se trata de varios párrafos copiados literalmente de la Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2024. Un texto publicado en el BOE de 29 de febrero de 2024.
El escrito de la AEAT, dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero, trata de exonerar a David Azagra, nombre artístico del hermano de Sánchez, de un posible delito contra la Hacienda Pública (artículo 305 del Código Penal) y no ve problema alguno en que el hermano del jefe del Ejecutivo resida en Portugal y trabaje en Badajoz. Una argumentación exculpatoria (no así en lo referente a ilícitos administrativos) donde el fisco reconoce, con todo, que no ha realizado ninguna inspección al alto cargo de la Diputación de Badajoz.
Es precisamente a la hora de abordar esta cuestión, cuando el informe de Hacienda -al que ha tenido acceso OKDIARIO- recurre al copia y pega del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2024 para revestir dicha falta de actuación, es decir, que no hubo inspección alguna al hermano de Sánchez porque, tal y como ha publicado OKDIARIO, la AEAT prioriza la investigación de «aquellas conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado», según dice el propio informe.
De esta manera, en la página 29 de informe, dentro del apartado 4 relativo a «actuaciones en vía administrativa», el informe de Hacienda fusila tres párrafos completos de dicha resolución del BOE y lo hace sin entrecomillar nada, como si fuesen valoraciones propias, en este caso, del funcionario encargado de su redacción. Sólo se limita a mencionar esta normativa en un párrafo anterior. Los pasajes copiados del BOE son los siguientes:
«En lo que se refiere al análisis patrimonial y el control de patrimonios relevantes, la experiencia acumulada ha permitido poner de manifiesto la existencia de conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida.
Se trata de obligados tributarios que, residiendo de hecho en España, sitúan ficticiamente su residencia en otros territorios, señaladamente de baja tributación. Las actuaciones sobre esta irregularidad que se han venido realizando exigen un importante esfuerzo de investigación a través de las declaraciones informativas, la documentación que se esté requiriendo y las herramientas que permitan analizar y trabajar esta información, facilitando la selección y comprobación de estos obligados tributarios.
En el año 2024 se intensificarán también los controles sobre la regularidad de las rentas obtenidas por los obligados tributarios no residentes, así como sobre aquellas figuras impositivas que gravan la tenencia o la transmisión del patrimonio de los mismos, ya sea esta última a título oneroso o lucrativo, y todo ello sin perjuicio de las funciones que correspondan a los órganos que tienen atribuidas las competencias inspectoras».
Después de toda esta hojarasca, Hacienda despacha el requerimiento de la juez reconociendo que «a la fecha de este informe no ha finalizado la delimitación del Plan de Control Tributario de 2024, sin que hasta el momento se hayan llevado a cabo actuaciones acerca de don David Sánchez Pérez-Castejón». Este informe no lleva membrete ni firma alguna de Hacienda a lo largo de sus 31 páginas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), adscrita al Ministerio de Hacienda, a informar, entre otras cuestiones, sobre «si el obligado tributario mencionado ha sido objeto de actividad de inspección o de control, bien por la naturaleza de la actividad que desarrolla (personal de alta dirección) o por su residencia fiscal en el extranjero en el caso de que la tuviere, al hallarse dicha finalidad de control expresamente incluida en el Plan de Control Tributario de 2024».
El músico David Azagra, alto cargo desde 2017 de la Diputación socialista de Badajoz, donde viene ocupando el puesto de jefe de la oficina de Artes Escénicas, está imputado por la presunta comisión de hasta cinco delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
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