La Guardia Civil registra los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá en el marco del caso Agissa
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Gerona ha acordado la práctica de tres requerimientos de documentación a los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter que están siendo ejecutados por la Guardia Civil en el marco del caso Agissa que afecta a la época de alcalde de Carles Puigdemont en Gerona.
Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la investigación persigue determinar el origen del dinero con el que se adquirió el “Fondo Santos Torroella” y, en su caso, el posible uso de fondos públicos que estarían relacionados bien con el canon acordado en la prórroga de 2013 de la concesión de “AGISSA”, relativa al circuito del agua, bien con partidas presupuestarias del ejercicio 2014 de, al menos, el Ayuntamiento de Gerona.
Tal y como publicaba este diario, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas tres líneas de investigación que afectan a Carles Puigdemont en el caso de la empresa mixta Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter SA, AGISSA. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, huido de la justicia, fue alcalde de Gerona entre 2011 y 2016. En estos años se habrían producido numerosas irregularidades en la gestión del sistema de aguas.
La Guardia Civil y la Fiscalía centran sus pesquisas en los contratos de prórroga de AGISSA, la adquisición del fondo artístico Rafael Santos Torroella y la facturación de gastos ficticios a una empresa de publicidad.
En la primera línea de investigación, se sospecha del reparto más de 10 millones de euros en dividendos y otros conceptos falsos e inflados entre los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarrià de Ter, así como entre las empresas Girona SA y AGISSA. Unas irregularidades que se habrían estado produciendo con total impunidad hasta la actualidad.
La segunda actuación relacionada con Puigdemont en su época de alcalde es, tal y como desvelaba este diario, la adquisición del fondo artístico de Rafael Santos Torroella en el año 2014 con cargo a los fondos obtenidos tras prorrogar los contratos de AGISSA. La benemérita y la Intervención General del Estado elaboran actualmente informes para esclarecer presuntos delitos de malversación o apropiación indebida.
La tercera línea de investigación se centra en la facturación de gastos ficticios a través de una empresa de publicidad efectuada desde la empresa mixta AGISSA. Las mismas fuentes consultadas aseguran que en próximas fechas podrían iniciarse nuevas diligencias en la causa, tras la sustitución reciente del titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Gerona, encargado de la causa.
El grupo municipal de la CUP de Gerona denunció ante la Fiscalía al director general de Girona SA y a su vez consejero delegado en AGISSA hasta 2016, Narcís Piferrer, por un delito continuado de administración desleal. Posteriormente, la Fiscalía presentaba una querella ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gerona por apropiación indebida y comenzaba la investigación de otras personas con cargos públicos.
Entre ellas, Carles Puigdemont que aún no ha sido imputado oficialmente en la causa, limitándose las imputaciones hasta el momento a los gestores de la parte privada de AGISSA. La CUP siempre ha mantenido que Puigdemont habría cometido “un error político”, pero no un delito en esta causa.
El pasado 19 de septiembre, la Guardia Civil realizaba 15 registros en el marco de la ‘operación Aquarium’, en la que investigan los presuntos delitos de fraude y administración desleal en la gestión y la adjudicación del suministro de agua.
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