El Gobierno ya admite en privado que el fiscal general del Estado será condenado
Giro de guión en Moncloa, que habla de «vulneración de derechos» que tendrá que resolver el TC
Miembros del Gobierno y del PSOE asumen en privado que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, va a ser condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tras la celebración del juicio al que se enfrentará por un presunto delito de revelación de secretos. Si hasta hace poco el único mensaje que salía de la Moncloa era de apoyo firme al Fiscal General y de proclamación de su inocencia, ahora dan por hecha la condena y añaden que «se van a vulnerar sus derechos fundamentales».
Alvaro García Ortiz se enfrenta a varias acusaciones, entre otra, la del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por revelación de secretos, al que la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo podría añadir otros tipos penales. El auto de apertura de juicio oral, dictado en su día por el juez instructor, Ángel Hurtado, sostiene que García Ortiz proporcionó a la Cadena SER datos confidenciales contenidos en un correo del abogado del novio de Ayuso enviado a la fiscalía, para negociar en una investigación por presuntos delitos fiscales del empresario.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado en una entrevista en TVE por Álvaro García Ortiz aseguraba «es inocente», añadía «yo creo en su inocencia» y apuntaba que «falta consistencia» y «no se puede abrir un juicio…sin ninguna prueba». Sin embargo, el inicio del juicio por revelación de secretos cuyo inicio está señalado para el próximo 3 de noviembre es un hecho y miembros del Gobierno de Sánchez y dirigentes del PSOE han cambiado el discurso que esgrimían hace apenas un mes.
«Va a ser condenado como si fuera un narcotraficante», admite un miembro del Gobierno Sánchez. A renglón seguido, lamenta que «le van a condenar sin pruebas, solamente con indicios». En este sentido, la jurisprudencia indica que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico condenas basadas en indicios, pero siempre que estén plenamente probados y que adquieran tanto peso en un juicio que desvirtúen la propia presunción de inocencia.
Hasta el Tribunal Constitucional
Otras fuentes del PSOE apuestan por señalar con insistencia que «se van a vulnerar sus derechos fundamentales» y dan por hecho que una vez condenado, Álvaro García Ortiz presentará todas las apelaciones y recursos posibles hasta llegar al Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido.
En el relato de las fuentes consultadas, la estación término del periplo judicial es el tribunal de garantías, donde el reparto de los vocales es de 7 progresistas y considerados afines al Ejecutivo, con algunos ex miembros del propio Gobierno de Pedro Sánchez entre ellos, y 5 conservadores.
En los últimos tiempos, todas las votaciones que han enfrentado las tesis de ambas sensibilidades dentro del Tribunal Constitucional han acabado reflejando esa mayoría progresista, frente a las tesis de los conservadores. Esa es la «última esperanza» del Fiscal General, según las fuentes consultadas, que dan por hecho que «esto tendrá que resolverlo el Constitucional».
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