El Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta para reservar 7 escaños que sólo escogerían los españoles en el extranjero

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, ha propuesto a los grupos parlamentarios y los gobiernos autonómicos la creación de una circunscripción electoral sólo de españoles en el extranjero. Es decir, se reservarían siete diputados en el Congreso para que fueran elegidos exclusivamente con los votos de los españoles que viven fuera de sus fronteras. Una propuesta que llegó al mismo tiempo que se aplicaba la Ley de Nietos, cuyos efectos electorales ha suspendido el Tribunal Supremo alegando que existe «un peligro fundado, real y serio» de que afecte «gravemente» a las elecciones.

El organismo dependiente de Migraciones emitió en noviembre de 2023 un acuerdo instando a «la creación de circunscripciones en el exterior para la elección de diputados y senadores». Concretamente, el documento del CGCEE va dirigido a los grupos parlamentarios con el objetivo de que impulsen «el estudio de una reforma de la Constitución así como de la Ley Orgánica 5/1985».

Esa misma petición se hace extensible a los «gobiernos autonómicos de aquellas comunidades autónomas cuyos estatutos de autonomía y leyes electorales así lo permitan».

«Pensamos que los residentes en el exterior estarían mejor representados y mejor defendidos por representantes directos elegidos por sufragio universal, presentes cada día en el Congreso o el Senado», subraya el documento.

A ojos de este organismo, «la multiplicidad de los lugares de emigración en el mundo, con algunos países continente como Argentina, Brasil, Canadá o Australia, hace que la defensa de los intereses de los emigrantes sea difícil» para los miembros del CGCEE.

«Tercera provincia, quinta autonomía»

Es más, el Consejo señala que los 3 millones de personas que componen ese colectivo superarían «a muchas autonomías» hasta convertirse en «la tercera provincia española y la quinta autonomía».

En definitiva, resume los beneficios de esta medida asegurando que equipararía «los derechos de los residentes en el exterior eligiendo sus propios representantes al Congreso y al Senado». Además, pone en valor que mejoraría «su visibilidad y la defensa de sus intereses a corto, medio y largo plazo».

«El elegir tus propios representantes implica también un mayor compromiso con tu país, además de una mayor eficacia a la hora de estar presente en la vida política y legislativa», inciden desde el organismo dependiente de Migraciones.

El CGCEE pone como ejemplo a Italia, Francia y Portugal. Allí, tienen 8 representantes de 400; 12 de 577 (en realidad, son 11) y 4 de 230, respectivamente. Y, aplicado a España, plantea «7 [escaños] de un total de 349 [sic]» para los españoles en el exterior.

La propuesta del organismo dependiente del Gobierno señala como «una posibilidad» ofrecer «cuatro escaños» para América y tres para Europa, Asia, África y Oceanía. En el Senado, solicita tres representantes para América y dos para Europa, Asia, África y Oceanía. «El reparto territorial en ambos continentes no es muy difícil de realizar», indican en su acuerdo.

La medida no sólo se pidió en 2023. En otro documento más reciente que analiza la escasa participación del voto exterior en los comicios españoles, en 2025, el CGCEE volvió a poner sobre la mesa la propuesta de crear una circunscripción para los españoles en el exterior.

Polémica con la Ley de Nietos

El organismo propuso la creación de esta nueva circunscripción en 2023. En ese momento estaba abierto el plazo para nacionalizarse a través de la conocida como Ley de Nietos. La norma permite adquirir la nacionalidad y, por tanto, el sufragio activo a los descendientes de exiliados.

Ese derecho se extendió con una instrucción firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes. El documento ampliaba ese beneficio a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, sin que medie exilio político alguno. Bastaba con acreditar la salida entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, no el motivo. Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha suspendido la incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que masivamente se han beneficiado de esa norma.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo advirtió en su auto de un «peligro serio, fundado y real» de que las inscripciones en el censo vinculadas a la Ley de Nietos afecten a la «objetividad» de las próximas elecciones.

El Alto Tribunal expresaba que podía causar «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral, puesto que «incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio».

La Sala ha acordado que se continúe tramitando el expediente hasta su finalización, pero que, una vez concluido, «se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento».