El Gobierno reconoce al Congreso que «sin Presupuestos» no tiene dinero para sus promesas de Vivienda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido al Congreso de los Diputados que sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, que no se aprueban desde 2023, las partidas para políticas de vivienda del Ministerio de Vivienda de la socialista Isabel Rodríguez cuentan con «los mismos términos que en el ejercicio prorrogado». Es decir, que no pueden ampliar las «dotaciones destinadas a vivienda» pese a la crisis que está atravesando España.

El Ejecutivo ha admitido en una respuesta parlamentaria que el dinero que destina a políticas de vivienda permanece invariable desde que se aprobaron las cuentas públicas. Es decir, la última vez que se modificó el gasto para este fin fue hace 3 años, en una legislatura anterior a la actual.

Todo ello, a pesar de que el Gobierno se ha vanagloriado hace apenas unas semanas de que llevará a cabo una inversión «sin precedentes» de 7.000 millones de euros para «reforzar la política de vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar». Sin embargo, la realidad es que el Gobierno está muy limitado por la falta de presupuestos.

Impacto de los impuestos en vivienda

La confesión del Gobierno de Sánchez llega después de que Vox haya interrogado al Ejecutivo sobre «el impacto que la carga tributaria asociada a la vivienda tiene en el precio de los alquileres y en la compraventa y previsiones acerca de impulsar la reducción de los tipos de alguno de los principales impuestos que gravan la vivienda».

La formación de Santiago Abascal cita un informe sobre el sector inmobiliario en el que se señala que los propietarios pagan «cerca de 16 impuestos a la hora de adquirir una vivienda en España». Y detallan que «las Administraciones Públicas recaudan en torno a 52.000 millones de euros por la tributación vinculada a la vivienda en España».

Además, la iniciativa firmada por cinco diputados, entre los que está el nuevo portavoz adjunto de Vox en el Congreso, Carlos Hernández Quero, indica que «España se ha convertido en la cuarta economía europea en la que más se ha incrementado el precio de la vivienda en el primer trimestre de 2025, con un aumento del 12,3%».

Además de interesarse por conocer si el Gobierno ha realizado «estudios sobre el impacto que la carga tributaria asociada a la vivienda tiene en el precio de los alquileres y en la compraventa», también interrogaban sobre si impulsará «la reducción de los tipos de alguno de los principales impuestos que gravan la vivienda para reducir la carga fiscal que soportan los españoles». «¿Qué presupuestos ha destinado el Gobierno de forma efectiva en 2024 y 2025 a la política de vivienda?», preguntaron.

Sobre la última cuestión, el Gobierno apela al «actual contexto de prórroga presupuestaria» para detallar que «las dotaciones destinadas a vivienda se mantienen en los mismos términos que en el ejercicio prorrogado». «Por lo que para conocer su desglose procede remitirse a la consulta de las cuentas prorrogadas», remite el Ejecutivo a los diputados de Vox.

Inversiones sin estudio previo

Todo ello después de que el Tribunal de Cuentas haya alertado de que, además de la escasa inversión en vivienda pública en España, se está construyendo sin un «estudio de demanda de vivienda». Es decir, que cuando se crean pisos públicos, no se hacen todas las comprobaciones convenientes para evitar el derroche de dinero público en lugares donde no se necesitan esas viviendas.

El órgano fiscalizador de las administraciones públicas presentó su informe sobre la «actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública», entre 2018 y 2023.

En él, una de las conclusiones a las que llegaba tras analizar varios proyectos de planificación de construcción de vivienda pública, es que no se indaga en si realmente se necesitan pisos públicos en el lugar concreto donde se estaban elevando. «Se recomienda a SEPES que incluya un estudio de demanda de vivienda de los posibles emplazamientos geográficos», advierte el Tribunal de Cuentas.