El Gobierno quiere suprimir la pena máxima de 40 años para 20 etarras si hay «consenso»

El Gobierno de Pedro Sánchez no descartó en 2022 acometer una reforma de la Ley orgánica de 7/2003 para suprimir la pena máxima de 40 años a los presos etarras introducida por el Ejecutivo de José María Aznar. A través de una respuesta parlamentaria escrita al grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, consultada por OKDIARIO, el Ejecutivo llegó a decir que cualquier cambio en este sentido sería preservando la «convivencia social» y reuniendo el «máximo consenso».

La formación de Santiago Abascal preguntó al Gobierno si «tiene previsto promover la reforma del Código Penal en relación con la Ley orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas durante la XIV Legislatura, en atención a un acuerdo llevado a cabo con EH Bildu», herederos del brazo político de la organización terrorista ETA.

Ante ello, la contestación del Ejecutivo fue: «Cabe señalar que los proyectos de modificación del Código Penal que presente el Gobierno siempre se regirán por los principios inspiradores del Derecho penal de un Estado social y democrático de Derecho, entre los que destacan los de legalidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad, y respetando en todo momento su carácter fragmentario y su condición de última ratio sancionadora».

«En cualquier caso -prosigue la respuesta-, el Gobierno apuesta por reunir el máximo consenso parlamentario, considerando que el Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social, y que, cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar la propia norma, tal y como recoge la Exposición de Motivos del mismo Código Penal».

En este contexto, y tras lo sucedido con la reforma Txapote (sobre intercambio europeo de información de antecedentes penales) que el Gobierno tramitó de tapadillo en el Congreso en los últimos meses y que puede beneficiar a 52 presos etarras con rebajas de penas y excarcelaciones, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, alertó este viernes a la oposición para que no se lo vuelva a poner tan fácil al Ejecutivo de PSOE-Sumar.

«Lo advertimos ya, lo van a hacer pronto, lo digo para que a nadie se le pase esta vez», avisó Araluce en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al que asistieron, entre otros, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el diputado de Vox Javier Ortega Smith, o la directora de Atención a las Víctimas del Ministerio del Interior, Montserrat Torija.

Fuentes del Departamento Jurídico de la AVT indicaron a OKDIARIO que esta reforma de la Ley orgánica 7/2003 podría beneficiar a una «veintena» de presos etarras, teniendo en cuenta que afectaría a los «condenados por atentados cometidos después de 2003».

Entre los posibles beneficiados, apuntan las mismas fuentes, estarían los presos etarras que mataron verdugos al policía Eduardo Puelles (Daniel Pastor, Txirula; Íñigo Zapirain, Aritza; y Beatriz Etxebarria, Kot) y al empresario Ignacio Uría (Iurgi Garitagoitia, Beñat Aguinagalde y Joanes Larretxea), siendo dos de estos últimos (Aguinagalde y Larretxea) condenados también por el asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco en Mondragón (Guipúzcoa) en 2008.

Próximo «objetivo»

Asimismo, Sare, la red de apoyo a los presos de ETA, afirmó este jueves que «nuestro desafío es seguir dando pasos hacia adelante, aprovechando la fuerza que nos brinda esta nueva situación». Y en esta línea, los proetarras subrayaron que «la LO 7/2003 es otra ley que debería derogarse; entre otras cosas, porque se requiere que los presos cumplan cadena perpetua, como parte de la condición para verificar una pena de prisión de 40 años».

«Son muchos los profesionales médicos que han confirmado que un encarcelamiento de más de 20 años provoca daños físicos y psicológicos irreversibles a las personas. Por ello, la adaptación o derogación de dicha Ley será uno de nuestros principales objetivos», sentenciaron. Sare celebró también la reforma Txapote y cifró en 52 sus posibles beneficiarios.

«La madre de todas las batallas»

En enero de 2023, OKDIARIO ya publicó que existían conversaciones entre el Gobierno de Sánchez y la formación de Arnaldo Otegi para modificar esta ley, que los proetarras definen como «anacrónica» y que pretenden «adaptar a la situación actual». Si bien entonces los socios aparcaron el plan de reformulación de la Ley orgánica 7/2003 para la presente legislatura, desde la AVT sitúan estos cambios en un horizonte próximo.

El propio Otegi avanzó esta hoja de ruta en octubre de 2021. El líder batasuno apostó por «obligar al Gobierno a cambiar las leyes». Un proceso que denominó «la madre de todas las batallas». Y estableció un plazo: «Puede ocurrir en seis años». Es decir, abarcando la actual legislatura bajo mandato del Gobierno de Pedro Sánchez.

Junto a ello, Otegi insistió en que «la única opción que existe es cambiar la ley. Pero para cambiar esa ley nosotros tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir», sentenció. Fue en aquella confesión ante los suyos cuando dijo que «si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos».