El Gobierno quiere legalizar encuentros entre presos y víctimas para «suspender» penas de cárcel

El Gobierno busca impulsar la justicia restaurativa. Por este motivo, tanto el PSOE como Sumar han registrado enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de regular encuentros entre condenados y sus víctimas. En el caso de los socialistas, su propuesta incluye que estos cara a cara puedan servir para archivar casos e, incluso, para la suspensión de  penas de cárcel. No es la primera vez que el Gobierno intenta regular esta práctica: en 2020, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no llegó al Congreso de los Diputados.

La justicia restaurativa surge como complemento al sistema de Justicia Ordinaria, con la idea de ofrecer tanto a víctimas, como a quienes han cometido un delito la posibilidad de dialogar sobre el mismo y sus consecuencias, así como profundizar en la asunción de responsabilidad de quienes lo cometieron. Además de ello, las partes podrán acordar formas personalizadas de reparar por parte de quien ha cometido el delito el daño causado por el mismo.

El PSOE, mediante la incorporación de una nueva disposición adicional a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que esta justicia restaurativa se sujetará a los principios de voluntariedad, gratuidad, oficialidad y confidencialidad -en línea con lo que plantea Sumar en su enmienda-.  «La justicia restaurativa es voluntaria. Ninguna parte podrá ser obligada a
someterse a un procedimiento de justicia restaurativa, pudiendo, en cualquier momento, revocar el consentimiento y apartarse del mismo.
La negativa de las partes a someterse a un procedimiento de justicia restaurativa, o el abandono del ya iniciado, no implicará consecuencia alguna en el proceso penal», reza la enmienda de los socialistas.

Una vez concluye el encuentro entre el condenado y la víctima, los servicios emitirán un informe sobre el resultado positivo o negativo de la actividad realizada, acompañando, en caso positivo, el acta de reparación con los acuerdos a los que las partes hayan llegado, que estará firmado por las partes personalmente. Según consta en la enmienda del PSOE dicho informe, no debe revelar el contenido de las comunicaciones mantenidas entre las partes, ni expresar opinión, valoración o juicio sobre el comportamiento de las mismas durante el desarrollo del procedimiento de justicia restaurativa.

Sin embargo, este cara a cara no sólo supone un ejercicio de redención y extinción de la culpabilidad. Según reza la enmienda presentada por el PSOE, esta justicia restaurativa podría suponer el archivo del caso o, incluso, la suspensión de la pena. «Si se tratase de un delito leve, decretar el archivo, a la vista del cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Asimismo, resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, valorando el resultado del procedimiento restaurativo para el establecimiento de las condiciones, medidas u obligaciones de la suspensión», apunta.

Otras enmiendas del PSOE

En esa misma batería de enmiendas, el Gobierno plantea recortar la participación ciudadana en la elaboración de leyes. Así, el PSOE ha presentado una enmienda a la Ley de Gobierno para rebajar los requisitos para sacar adelante leyes, reales decretos y reglamentos sin necesidad de sacar la norma a consulta pública, limitando así la participación de los ciudadanos. No es la primera vez que propone algo similar: ya intento colar una enmienda idéntica en la Ley de Paridad -en ese caso con el apoyo de Sumar-, pero finalmente esa normativa fue aprobada sin incluir esta enmienda, por lo que los socialistas, ahora en solitario, han vuelto a solicitar este cambio normativo.

Los socialistas piden reformar el artículo 26 de la Ley de Gobierno de 1997, donde se recogen los supuestos en los que puede prescindirse del trámite de consulta pública de los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y las normas reglamentarias. En la actual Ley del Gobierno, según establece literalmente, sólo permite excluir la consulta pública «en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas».

Eso excluiría muchas de estas nuevas leyes, por lo que el PSOE solicita que se rebajen estos requisitos, es decir, que sólo sea necesario cumplir una de las actuales seis circunstancias que marca la norma para poder sortear la consulta pública. Con ello, el Ejecutivo tendría vía libre para dejar fuera a los ciudadanos e iniciar directamente los trámites para la elaboración de las leyes.