El Gobierno pretende prohibir la entrada de menores de edad a los toros
La prohibición también afectaría a la participación activa de menores en actividades como la caza
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto este martes prohibir la participación y la asistencia de menores a los toros, argumentando que en ellos se «ejerce violencia contra los animales». Esto se hará a través de la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
La medida pretende dar cumplimiento a las exigencias planteadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que desde 2018 viene instando a España a impedir que niños, niñas y adolescentes participen o presencien este tipo de espectáculos. La cuestión volvió a ser objeto de debate recientemente durante el VII Examen de España ante dicho comité, celebrado en Ginebra, donde varios de sus miembros preguntaron de nuevo a la delegación española por esta práctica.
Según la ministra de Infancia, Sira Rego, con esta medida España cumple «con lo que la ONU viene demandando a España desde el año 2018». «La pasada semana tuve ocasión de exponer ante el Comité de Derechos del Niño que esta reforma es imprescindible para avanzar en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia», ha señalado.
La prohibición que plantea el Gobierno no se limitaría únicamente a la asistencia como público, sino que también afectaría a la participación activa de menores en este tipo de actividades. Esto tendría implicaciones directas en ámbitos como los espectáculos taurinos o determinadas modalidades de caza en las que actualmente pueden intervenir menores de edad, siempre dentro del marco legal vigente.
Otros aspectos de la LOPIVI
Por otro lado, el Gobierno ha apuntado que el texto propuesto «pretende reforzar la prevención de las violencias contra la infancia y el acompañamiento y la reparación de los niños, niñas y adolescentes que la sufren».
Entre los puntos más destacados de la ampliación, se encuentran la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (establecida, en la actualidad, a partir de los doce años).
Asimismo, se prevé la ampliación en diez años la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de prescripción, que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años, no lo hará hasta que se cumpla 45.
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