El Gobierno permite 71 homenajes a etarras en plena ofensiva por los delitos de odio

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado una ofensiva censora con el pretexto de perseguir delitos de odio en redes sociales mientras permanece impasible ante los 71 homenajes etarras que han tenido lugar en estos meses de verano en País Vasco y Navarra y que ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). El Ejecutivo socialcomunista, que tiene entre sus socios de legislatura a Bildu, donde se integran los herederos del brazo político de la organización terrorista ETA, está así incumpliendo la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que obliga al Gobierno a prohibir estos homenajes a etarras, como denuncian las víctimas.

En concreto, Covite ha alertado de que en 25 de esos 71 actos de culto a ETA y a sus presos fueron directamente instituciones públicas, en este caso, ayuntamientos gobernados por Bildu, quienes impulsaron la celebración de estos homenajes mediante la inclusión de los mismos en sus programas oficiales de fiestas. El resto de los actos, añade el colectivo de víctimas, fueron «organizados o promovidos por Bildu y Sortu como partido político, así como por las asociaciones del entorno de la izquierda abertzale».

«Todavía no ha acabado el verano y ya tenemos un dato preocupante que evidencia lo que siempre ha ocurrido en las fiestas veraniegas de Euskadi y de Navarra: la apropiación indebida por parte de la izquierda abertzale de los espacios festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas», lamentó Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite y hermana del concejal del PP de San Sebastián y parlamentario vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA el 23 de enero de 1995.

«Esto es impensable en cualquier país democrático. ¿Nos imaginamos que en Francia hubiera habido pancartas a favor de la excarcelación de terroristas yihadistas durante la celebración de los Juegos Olímpicos? Hubiera sido un escándalo. En cambio, aquí, cuando se trata de apoyar a los terroristas de ETA públicamente, pasa desapercibido a nivel institucional y social», señaló.

Mientras el Gobierno de Sánchez ha utilizado el asesinato del pequeño Mateo en Mocejón (Toledo) para reivindicar su plan destinado a amordazar a la prensa libre y ha abierto la puerta a «controlar las redes sociales» con la excusa de los delitos de odio, en cambio, ha mirado hacia otro lado durante la organización y celebración de estos más de 70 homenajes a presos de ETA en las últimas semanas.

Y ello, pese a que la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo obliga al Estado a «asumir la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas», según reza en su artículo 61. Además, exige a las Administraciones Públicas a adoptar «las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición».

«Asimismo, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas», añade la Ley. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas son los encargados de velar por su cumplimiento.

«Humillación»

Entretanto, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) pidió este jueves a la Audiencia Nacional la prohibición de un almuerzo convocado este viernes en las fiestas de Bilbao «a favor de los presos de la organización terrorista ETA que se hallan cumpliendo condena», puesto que ello incurre en «un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares y de enaltecimiento del terrorismo», recalcó.

La asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA en el año 2000 y actual parlamentario del PP Asamblea de Madrid del Partido, hace alusión así a la comida convocada este 23 de agosto a partir de las 15 horas en la Txozna Kastagorria ubicada en el recinto del Arenal, dentro de las fiestas de la Semana Grande de Bilbao.

Según DyJ, la finalidad de esta comida de homenaje a los reclusos de la banda «no es otra que la de loarles, recordarles y presentarles como modelo de lucha a seguir para la consecución de unos objetivos políticos, como es el alcanzar un estado independiente, socialista y euskaldun, vanagloriándoles y glorificando su pasado terrorista».

«No cabe sino considerarse como un acto de humillación y vejación hacia las víctimas del terrorismo, pues tienen que soportar año tras año, como se les loa y exalta a los asesinos de sus familiares, convocando este tipo de actos y demás actos de recuerdo, homenaje y reivindicación de sus derechos de manera suntuosa y ampliamente publicitadas en el tiempo, pidiendo su libertad con la exoneración de su condena, a pesar de estar cumpliendo condena por delitos muy graves, por lo que les hace recordar continuamente las vidas arrebatadas y el dolor causado», expresó la asociación de Portero.

Para DyJ, la convocatoria de esta comida en favor de los presos de la organización terrorista ETA, «los cuales cumplen condenas por los delitos más execrables, es claramente constitutiva de una humillación, vejación, descrédito, menoscabo y escarnio a las víctimas del terrorismo, pues genera perplejidad que unas personas cuyos logros en la vida no hayan sido otros que haber matado, secuestrado o herido gravemente a personas inocentes», subrayó la asociación.

Por ello, DyJ instó a la Audiencia Nacional a reclamar a la Guardia Civil el envío de informes «sobre la realidad de la convocatoria», la identidad de los convocantes y que procediera a llamar como investigados a los mismos por su participación en los hechos denunciados, recogió Ep. En cambio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió no prohibir la comida proetarra. La Audiencia Nacional descartó impedirla este viernes, pero instó a las fuerzas de seguridad a vigilar si durante la celebración se cometen actos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca  Gamarra, manifestó este jueves en declaraciones a la prensa en Bilbao que «las fiestas deben ser un espacio de encuentro, de convivencia, donde las reivindicaciones políticas no busquen seguir apoyando a presos condenados por terrorismo». La número dos del partido de Alberto Núñez Feijóo censuró estas «actitudes minoritarias» respecto a «causas que no deben tener respaldo social», sentenció.