El Gobierno pagará 4.800 € a cada jurado encargado de elegir el nuevo Valle de los Caídos

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha dado el pistoletazo de salida al proceso para «resignificar» el Valle de los Caídos, que se enmarca dentro de su autodenominado plan de memoria democrática. El jurado que elegirá el nuevo proyecto estará compuesto, entre otras personas, por cuatro «expertos» que cobrarán 4.800 euros por emitir su juicio sobre las diferentes opciones presentadas.

La participación como miembro del jurado en la primera vuelta se remunerará con 2.500 euros, comprendiendo en este importe los trabajos previos de análisis de las propuestas y la participación en dos sesiones de deliberación. Un importe que se eleva a los 2.250 euros en la segunda vuelta de este proceso. Así, el importe total de los honorarios para 4 expertos independientes que participarán en las dos vueltas de valoración de propuestas asciende a 19.000 euros.

«Se ha estimado un máximo de dos sesiones de deliberación para la primera vuelta del concurso y una sesión para la segunda vuelta, pero en el caso de que, por el número de propuestas o su complejidad, se determine la necesidad de celebrar alguna sesión adicional de deliberación, se remunerará la participación de cada sesión extra con 250 euros», rezan los pliegos del citado contrato.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicaba este lunes el concurso internacional de ideas para la profanación del Valle de los Caídos, «un espacio hasta ahora congelado en el tiempo», con el fin de que se convierta en un lugar «de encuentro, reflexión y diálogo». El Ejecutivo gastará 30 millones de euros, de los cuales 4 millones serán para el concurso de ideas y la redacción del proyecto y 26 millones, para toda la profanación, la museografía y la construcción del centro de interpretación.

Según explican desde el Ministerio, el objetivo es «atraer a las mejores propuestas que proporcionen una nueva mirada sobre este conjunto monumental y su entorno, desde una triple perspectiva: artística, arquitectónica y paisajística». Además, han precisado que el concurso está inspirado en intervenciones de referencia en el contexto internacional, como el Memorial al Holocausto de Berlín, diseñado por Peter Eisenmann y Buro Happold.

«Recupera un espacio que es de toda la sociedad española, invitando a la ciudadanía a profanarlo desde una mirada plural, inclusiva y contemporánea; genera un referente internacional que demuestra cómo la arquitectura, el arte y el paisaje pueden actuar como herramientas de memoria, conciliación y construcción de futuro» y «garantiza la conservación de un conjunto arquitectónico desatendido que presenta un deterioro visible», argumenta el Gobierno.

Por otro lado, se realizará una musealización que abarcará el centro de interpretación y que podrá extenderse al interior de la Basílica, «si así se considera, respetando los espacios de culto», y que abordará el desarrollo de tres narrativas: «la historia política, ideológica y arquitectónica del monumento y su significación en la historia de España y de Europa; el uso de mano de obra penada en su construcción, y la historia y características del entorno natural y paisajístico».

Gran despliegue del Gobierno

Hasta siete ministros han participado este martes en la reunión de la autodenominada Comisión Interministerial de la resignificación del Valle de Cuelgamuros -anteriormente, Valle de los Caídos-. El encuentro se ha celebrado en el Complejo de La Moncloa y ha estado presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Además de Torres, han asistido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El despliegue ministerial revela la gran trascendencia que el Gobierno de Pedro Sánchez otorga a las políticas de su llamada «memoria democrática», en un año marcado por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.