El Gobierno gasta 60.000 € en publicitar un bulo sobre su ley de «memoria»: «Elogia la Transición»

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 11/08/2024 06:49
  • Actualizado: 11/08/2024 06:49

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de licitar un contrato para la realización de una campaña de publicidad con la que divulgar su controvertida Ley de Memoria Democrática aprobada de la mano de Bildu y cuyo revisionismo se extiende hasta 1983. Según consta en los pliegos de dicho contrato de 60.000 euros (impuestos incluidos), consultados por OKDIARIO, el Ejecutivo socialcomunista ha establecido una serie de pautas a seguir para la futura empresa adjudicataria donde no faltan los bulos. El más flagrante de todos los mensajes es el que señala que «la ley de Memoria Democrática elogia nuestra Transición y la Constitución del 78». Nada más lejos de la realidad.

Y es que cabe recordar que dicha ley salió adelante con el apoyo de los proetarras tras pactar con el Gobierno de Sánchez la constitución de una «comisión técnica» para la elaboración de un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia y bajo el mandato de Felipe González. Dicho estudio recogerá «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo», reza el texto.

Pese a ello, el Ejecutivo se dispone ahora a hacer propaganda de la ley ocultando esta cesión a los herederos de la organización terrorista ETA y blanqueando así la historia criminal de la banda, especialmente en aquella época de mayor intensidad de asesinatos, los llamados años de plomo.

Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, cargó en más de una ocasión en sede parlamentaria contra el «modelo de la Transición», calificándolo de «hipoteca». Aizpurua instó al bloque de la izquierda a «romper de una vez» con el «régimen del 78», asegurando que la República vasca llegará «más pronto que tarde».

En concreto, este expediente lleva por objeto la contratación de «servicios de carácter intelectual de creatividad y producción de contenidos de la campaña de publicidad institucional de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática», dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige el socialista Ángel Víctor Torres.

El importe de licitación asciende a 60.000 euros, las empresas candidatas tienen hasta el 12 de agosto para la presentación de sus ofertas y el plazo de ejecución contemplado es de un mes. De hecho, como fecha de inicio se prevé el 1 de septiembre de 2024, «salvo que la formalización del contrato se produzca con posterioridad», indican los pliegos.

En esta documentación, el Ministerio incluye a modo de «briefing» una serie de mensajes que deberá tener en cuenta la empresa adjudicataria para la confección de la campaña. Es aquí donde el Ejecutivo introduce el bulo de que «la ley de Memoria Democrática elogia nuestra Transición y la Constitución del 78», cuando en realidad se extiende hasta 1983.

Asimismo, otra de las directrices es que «la ley elimina los vestigios de la guerra y la dictadura que humillen a las víctimas». Se da la circunstancia de que el Gobierno sólo entiende aquí por víctimas las que lo fueron a manos del bando nacional, pero excluye las de crímenes del bando republicano.

También se dice en este ideario que «la memoria es libertad frente al oscurantismo y los totalitarismos». El Gobierno de Sánchez no contempla aquí el comunismo del bando republicano y los asesinatos que cometió. De hecho, Bruselas ya ha remarcado que su respaldo será siempre a «las acciones conmemorativas centradas en las causas de los regímenes totalitarios, en particular del nazismo, pero también del fascismo, el estalinismo y los regímenes comunistas».

Objetivos

De igual modo, los pliegos del contrato recogen un listado con los objetivos que persigue el Ejecutivo con esta campaña de publicidad. Uno de ellos habla directamente de «cambiar actitudes, creencias y estereotipos sobre la Memoria y contribuir a difundir la imagen de un Gobierno y una ley de Memoria Democrática cercana a la ciudadanía, facilitadora del ejercicio de derechos fundamentales y las libertades públicas, y que contribuye a reforzar la democracia».

Con esta actuación, insiste el Gobierno, se pretende «combatir la politización de la memoria» y «cambiar comportamientos de la población». El Ministerio de Torres añade, en relación al «público objetivo», que esta campaña irá dirigida a «la sociedad en general y, en especial, a la población entre 16 y 40 años, para que conozcan y participen del valor de la memoria, nuestra historia reciente, el carácter integrado de la ley de Memoria Democrática, conozcan el ejercicio de sus derechos en Memoria Democrática y se impliquen y participen en una causa que cohesiona la sociedad, potencia los valores democráticos, propicia la eliminación de comportamientos sociales indeseados y coadyuva a la lucha contra toda forma de totalitarismo».