El Gobierno enfría las prisas del PSOE para la reforma constitucional: «Será a largo plazo»

El Gobierno no quiere precipitarse al abordar la reforma de la Constitución, cuyo debate, consideran, «llevará muchos meses». «Será a largo plazo», añaden.

La intención del Ejecutivo es que esas discusiones trasciendan a la comisión constitucional, propuesta por el PSOE, y que en las próximas semanas echará a andar en el Congreso. En fuentes gubernamentales, no se cierran a abordar todos los debates, a excepción de aquellos que se refieran expresamente al artículo 2 de la actual Carta Magna, relativos a la soberanía nacional. Pero aclaran también que cualquier posibilidad de sacar adelante una reforma debe contar, punto por punto, con el «máximo consenso». «No se aceptará nada que no suscite un apoyo mayoritario», aclaran las mismas fuentes.

Y ese «máximo consenso» se antoja prácticamente imposible si se tienen en cuenta las diferencias de partida entre todas las formaciones. Porque el deseo de PP es que una mayoría amplia ratifique cualquier cambio, a sabiendas de esas discrepancias. La Constitución dice que «los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras».

«De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma», añade. El PP quiere trascender a esas mayorías y buscar un consenso prácticamente total.

El problema es notable, además, porque la comisión, que es el primer foro de estudio para abordar esa reforma, nace ya con destacadas ausencias. No estarán, al menos de entrada, ni Podemos ni los partidos independentistas. Todos ellos, clave para abordar la delicada situación en Cataluña. En fuentes de los partidos mayoritarios se confía en que todos acaben sumándose finalmente, porque «el tema es lo suficientemente importante». «Ellos, que van de abanderados del diálogo, tendrán que explicar a sus votantes por qué se descuelgan», se comenta en el Ejecutivo.

La comisión echa a andar también con las serias dudas de Ciudadanos, que en un principio optó incluso por no participar al considerarla una «frivolidad que no va a solucionar nada».

Los temas se abordarán en cuatro grandes bloques, a instancias del PSOE: un estudio del funcionamiento del modelo autonómico desde 1978, la delimitación de competencias, el sistema de financiación y, el más polémico, un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Los socialistas opinan que hay cosas «revisables».

Pero el hecho de que ni Podemos ni los secesionistas participen es, paradójicamente, un aliado para el propio Gobierno, que siempre ha mostrado sus reticencias a abordar una reforma constitucional y que únicamente accedió a ella a cambio del apoyo de Pedro Sánchez a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La comisión terminará con un informe de conclusiones que será elevado para su votación en el Pleno, siguiendo el trámite habitual de las comisiones parlamentarias.  Pero la reforma final añade serios riesgos, que para el Gobierno resultan inoportunos en un momento como el actual.

La propia Constitución establece que  «cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

Los artículos mencionados son los relativos a la soberanía nacional, los derechos fundamentales y libertades públicas, y la Corona.

Y ello, sin contar con el riesgo de que Podemos plantee un referéndum en el que pregunte a los ciudadanos cualquier cambio, como es seguro que hará y para lo que solo se requiere que lo pidan 35 de sus diputados.