El Gobierno dobla el gasto para enseñar catalán y euskera a los funcionarios: 2,6 millones para tres años

El Gobierno ha decidido duplicar el gasto para enseñar catalán, euskera y valenciano a los empleados públicos de la Administración General del Estado durante los próximos tres años. En 2019, fecha del último contrato, el Ejecutivo destinó un gasto por valor estimado de 443.250 euros al año para impartir catalán, valenciano, euskera y gallego. Sin embargo, el contrato que se ha licitado ahora tiene un coste anual de 871.531 euros y sin incluir formación en gallego. Es decir, 2,6 millones de euros para tres años.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que ahora dirige Óscar López, ha publicado a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) una oferta pública para contratar los «servicios para la creación de contenidos para el aprendizaje en línea tutorizado de las lenguas cooficiales de España». El contrato tendría una duración de 3 años, a contar desde la formalización del mismo, por un valor de 2.614.595 euros, impuestos incluidos. Es decir, que el coste estimado por año sería de 871.531 euros.

El coste de este contrato incluye la «elaboración, diseño y digitalización de contenidos para el aprendizaje en línea de las lenguas catalana, euskera y valenciana». Sin embargo, se aclara en la memoria justificativa del contrato que el gallego no está entre las lenguas cooficiales ofertadas porque «el Portal de Lengua Gallega ofrece gratuitamente en su portal los contenidos y actividades de los distintos niveles». Pese a ello, el coste es significativamente superior al desembolsado en 2019.

Hace cinco años, el Ejecutivo que ya encabezaba el socialista Pedro Sánchez licitó un contrato público por valor de 443.250 euros al año, para el que se preveía una prórroga de un año. Desde entonces, el Gobierno admite que ha estado «explorando alternativas para un modelo de aprendizaje de las cuatro lenguas cooficiales que sea eficaz y sostenible en el tiempo».

El Ministerio Transformación Digital y de la Función Pública ha justificado la necesidad de este gasto en que el INAP cuenta en su estatuto con el deber de ofrecer la «formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos». Concretamente, se refiere a que es necesario «garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse» con la Administración «en las diferentes lenguas cooficiales de España». Por tanto, el Instituto tiene el deber de «facilitar el aprendizaje de estas lenguas» para «la prestación efectiva del servicio público».

«Para prestar mejor atención»

Es más, el texto que motiva este contrato considera que es una «necesidad» que cuando un trabajador «desempeñe sus funciones en una comunidad autónoma donde se hable una lengua cooficial» debe ser capaz de hablarla y entenderla «para prestar una mejor atención».

El contrato se oferta en tres lotes diferentes, de modo que una empresa pueda pujar de forma aislada por prestar los servicios de enseñanza de una sola de las lenguas. Aisladamente, el Gobierno prevé pagar por la enseñanza del catalán y el valenciano 703.400 euros, respectivamente, y por el euskera, 887.220 euros.

Tal y como se explica en el pliego de condiciones administrativas del contrato, hay varios factores que determinan el coste de la enseñanza de cada una de las lenguas. Entre ellos está «el coste de los docentes necesarios para la elaboración de los contenidos» y la «creación de hasta 90 vídeos, de una duración media de cinco minutos en cada lote de catalán y valenciano». Para el euskera, sin embargo, se prevé «un máximo de 120 vídeos». Por otro lado, también dependerá de las horas que cueste «la digitalización de los contenidos correspondientes a un máximo de 20 unidades por cada nivel de conocimiento».

No es la primera vez que el Ejecutivo ha aumentado el gasto dedicado a enseñar las lenguas cooficiales a los trabajadores del sector público. El Gobierno sanchista destinó casi 700.000 euros a clases online de catalán para los empleados de la Agencia Tributaria en Cataluña. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda justificó este gasto en que iba a «proporcionar» a su personal unos conocimientos para un «mejor desempeño en su puesto de trabajo». También porque la lengua tiene «carácter cooficial en la Comunidad Autónoma» y es habitual su «empleo por parte del contribuyente», con quien tendría contacto el trabajador.