Ley de "desperdicio alimentario"

El Gobierno dice en plena crisis que si los españoles no tirasen comida se ahorrarían 11.468 millones

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Con las familias sufriendo la asfixia económica por el alza de la cesta de la compra, el Gobierno defiende que el desperdicio alimentario supone un despilfarro anual de grandes dimensiones en España. Un informe del Ejecutivo, remitido al Congreso de los Diputados y consultado por OKDIARIO, cuantifica en concreto en 11.468 millones el ahorro, en un año, si «únicamente los hogares redujesen la cantidad de alimentos desperdiciados en un 15%».

Así se recoge en la memoria de impacto de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que actualmente se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso.

1,8 millones

Aunque las familias han recortado en el consumo de alimentos básicos y se ven obligadas a sustituir sus productos habituales por otros más baratos, el Ejecutivo se remite a varios estudios para sostener la eficacia de esta iniciativa, responsabilizando incluso a los ciudadanos de las pérdidas. Así, «se estima que cada español pierde aproximadamente 250 euros al año por desperdiciar comida», resume el mencionado trabajo. Los hogares, se destaca también, son «los responsables de la mayor proporción de desperdicio de alimentos», un 42%.

Según el Gobierno, el reducir el desperdicio supone «enormes beneficios económicos» y concienciar a los españoles de ello es uno de sus objetivos propagandísticos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado 1,8 millones este año para «concienciar y sensibilizar al consumidor y al resto de eslabones de la cadena alimentaria para limitar las pérdidas y el desperdicio alimentario».

Mujeres

El Gobierno plasma la ideología de género incluso en esta ley. Así, sostiene que «las mujeres desempeñan un papel primordial en la aplicación de esta norma, pues hay que recordar el importante sesgo de género existente en las tareas relacionadas con el consumo alimentario, debido a la desigual distribución del trabajo doméstico entre mujeres y hombres».

Al mismo tiempo, prosigue, «avanzar en la meta de igualdad efectiva requerirá reforzar el papel de las mujeres en la economía circular, en el empleo y el emprendimiento en las numerosas actividades generadas por el proyecto en torno a la prevención, reducción y gestión del desperdicio alimentario».

Cesta

El Gobierno promueve esta ley precisamente en un momento en que los españoles se ven obligados a ajustar al máximo su cesta de la compra por el alza imparable de los precios. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, las familias consumen menos alimentos básicos como la carne, las patatas, el arroz o el aceite, que ha experimentado un desplome de hasta el 30% en sus ventas en el mes de julio.

Una caída de la demanda que no ha provocado que el precio de estos productos se contenga, ya que los costes tanto para el sector primario -agricultura y ganadería- como para el secundario -industria alimentaria- se han disparado con motivo de la crisis energética. En concreto, el consumo per cápita de carne ha pasado de 3,55 kilos al mes en enero a 2,84 en julio. Las patatas han pasado de 2,35 kilos a 2,15. Y el aceite se ha desplomado hasta los 0,71 litros en el último mes, un 21% menos que al inicio del año. En este caso, los precios llegan a triplicarse.

Mientras, Moncloa blinda el acceso a la lista de la compra de Pedro Sánchez y la familia presidencial, a cargo de las arcas públicas. A través de una petición en el Portal de Transparencia cursada por este periódico, el Gobierno alega que «no existe un registro» específico para la residencia del presidente pues «la gestión de las necesidades se realiza de forma conjunta con las derivadas del Palacio y del Consejo de Ministros».

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