El Gobierno derogará el decreto de control del gasto educativo aprobado por Rajoy

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara con «celeridad» la derogación del decreto Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según han informado fuentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Este viernes, el Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el impacto en el funcionamiento de los centros educativos de las medidas de este decreto, de las que se mantienen vigentes la posibilidad de elevación de las ratios de alumnos por aula hasta un 20%, el incremento de la jornada lectiva del personal docente hasta las 25 horas en educación infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas y el aumento del plazo de sustitución de profesores hasta los diez días.

«Las medidas anteriormente mencionadas pueden ser modificadas por ley ordinaria y en aras de la celeridad debería poder emplearse el procedimiento de lectura única», apuntan desde Moncloa. Según fuentes del Ministerio de Educación, la intención del Gobierno es presentar un proyecto de ley que derogue estos recortes, algo que reclamaba el PSOE cuando se encontraba en la oposición.

Esta fuentes añaden que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, informará sobre este proyecto de ley el próximo miércoles en el Congreso, en lo que será su primera comparecencia en comisión desde que tomara posesión del cargo el pasado mes de junio.

El pasado 27 de junio, la ministra Celaá afirmaba en el Congreso, en respuesta a una pregunta de Unidos Podemos, que el Gobierno no tenía fecha para derogar el decreto, pero se comprometía a poner fin a estas medidas en un «plazo razonable» porque consideraba que no podían «prolongarse indefinidamente».

Según el Gobierno, el Real Decreto Ley 14/2012 «tenía como único objetivo la reducción del gasto público, sin tener en cuenta las consecuencias de sus medidas en el funcionamiento de los centros educativos y en las condiciones de trabajo del profesorado», y recuerda que ha sido impugnado por diferentes comunidades autónomas.

Las medidas del decreto «han sido muy discutidas en la comunidad educativa», apunta el Gobierno. Incluso se han llevado a los tribunales. La Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado mes de mayo un recurso contencioso administrativo presentado por CCOO que reclamaba la derogación del decreto.

Sin embargo el Tribunal Constitucional ha considerado en distintas sentencias que las medidas adoptadas en materia de educación no universitaria se ajustan al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado en bases del régimen estatutario de los funcionarios y bases para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.