El Gobierno convoca plazas públicas sin cumplir los criterios de su nueva ley contra la temporalidad

ley temporalidad
Funcionarios.
Carlos Cuesta

El pasado 28 de diciembre, día de los inocentes, el PSOE lanzó en el BOE su ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y recién estrenado el año, ya tiene la denuncia airada de CSIF incumplir sus criterios de lucha contra la temporalidad en las primeras convocatorias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones y con presencia creciente en el sector privado, acaba de reclamar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial. El objetivo: exigir al Gobierno en esa Conferencia que garantice “la equidad de los diferentes procesos selectivos de personal, conforme a la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para reducir la Temporalidad en el Empleo Público”.

La petición se produce después de que diferentes administraciones hayan decidido convocar procesos selectivos de personal sin aplicar los nuevos criterios de la Ley. Desde CSIF señalan que “esta circunstancia se está produciendo especialmente en los ámbitos de la Educación y la Sanidad, donde se deben desarrollar sus propios sistemas de selección atendiendo a la nueva Ley y que no verán la luz previsiblemente hasta los próximos meses de abril y julio, respectivamente”.

Pero, pese a ello, las administraciones están convocando ya procesos selectivos sin esperar a la entrada en vigor de los nuevos criterios, lo que está generando la incertidumbre y la preocupación de miles de aspirantes que no saben a qué atenerse.

Ante esta situación, CSIF ha reclamado a la Función Pública que “ejerza su liderazgo para homogeneizar los criterios que deben aplicar las diferentes administraciones y establecer los criterios que deben aplicarse a los procesos selectivos ya convocados y pendientes de su ejecución”.

“Además, pedimos a Función Pública, como máximo responsable del cumplimiento de los acuerdos suscritos y en virtud de sus competencias en materia de empleo público (Art. 149.18 de la CE) corrija cualquier actuación contraria a la Ley para reducir la Temporalidad” señalan desde CSIF.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, de hecho, ha exigido al Gobierno y a las CCAA que las convocatorias mediante concurso-oposición de los procesos selectivos a los cuerpos docentes de 2022 respeten de inmediato los criterios del acuerdo para la reducción de la temporalidad.
El acuerdo, firmado por CSIF, junto con CCOO y UGT y transpuesto ya con rango de Ley, exige a las administraciones la aprobación de las plazas necesarias para reducir la temporalidad al 8 por ciento.

En el mismo articulado, se exige que la ejecución de dichas ofertas sea a través de un concurso-oposición en la que la fase de concurso tenga un peso de un 40% y que las pruebas de la fase de oposición puedan ser no eliminatorias. Establece también que Educación y Sanidad tienen que modificar su legislación con este objetivo.

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