El Gobierno coló como «contrato Covid» 2 millones en moquetas, reformas de despachos y alicatado de baños

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 07/04/2026 05:49
  • Actualizado: 07/04/2026 05:49

En plena pandemia, el Gobierno adjudicó un contrato para la «reforma de espacios de trabajo en el edificio de la calle José Abascal, 39», sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El importe era de 850.000 euros, aunque la obra terminó costando más del doble, 1.938.944,92 euros. El Ejecutivo lo calificó de contrato Covid, y lo tramitó por el procedimiento de emergencia, prescindiendo de los principios de publicidad y libre concurrencia. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas concluyó que las actuaciones se habían excedido claramente de lo que hubiera correspondido para afrontar la situación pandémica, produciéndose en su lugar una «reestructuración del inmueble de mayor envergadura».

Así, la actuación «no se limitó al levantamiento de los paramentos de distribución de madera y a la demolición de tabiquerías de ladrillo hueco de separación, sino que se extendió, entre otros aspectos, a la demolición de alicatados en aseos y cambio de sanitarios, demolición de falsos techos, cambio de instalaciones de iluminación y electricidad, levantado de pavimentos y sustitución por otros vinílicos o, puntualmente, de moqueta, levantamiento de nuevos paramentos de pladur, nuevas instalaciones de climatización y ventilación, colocación de nuevas mamparas de vidrio y puertas de vidrio templado, etc».

En su memoria, el ministerio justificó la emergencia de estas obras en «la necesidad de adaptar las dependencias a las recomendaciones sobre la distancia de seguridad que deben mantener los trabajadores».

Sin embargo, en el expediente no se razonaba «la evaluación o conveniencia de adoptar otras medidas como la redistribución del personal o el establecimiento de turnos presenciales, la envergadura de la obra, la circunstancia de que el contrato fuera modificado en más de un 128 por 100 de su importe para atender a necesidades estructurales del edificio y que su duración se prolongara durante seis meses».

Elementos, concluyó el Tribunal de Cuentas, «que permiten poner en cuestión que la obra atendiera exclusivamente a necesidades inmediatas de protección de los trabajadores (lo que podría justificar la tramitación de emergencia) siendo, en cambio, aprovechadas para proceder a una reestructuración del inmueble de mayor envergadura, que debería haber sido objeto de un contrato diferenciado tramitado por procedimiento ordinario».

La Ley de Contratos avisa de que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable para hacer frente a la situación que la justifica, y el resto de las actuaciones que deba realizar el órgano de contratación, que no tengan el carácter de emergencia, han de contratarse con arreglo a la tramitación ordinaria.

El ministerio alegó que «la dirección facultativa de la obra elevó, una vez comenzados los trabajos, un informe al órgano de contratación en el que se pusieron de manifiesto una serie de incidencias sobrevenidas que obligaban a acometer nuevos trabajos inicialmente no previstos, de carácter estructural, y que motivaban la necesidad de modificar el contrato».

Así, se acordó la modificación introduciendo nuevas unidades de obra no contempladas inicialmente y ampliando su plazo de ejecución. En virtud de esta modificación, el precio del contrato pasó de los 850.000 euros inicialmente acordados a 1.938.944,92 euros, produciéndose un incremento de más del 128 % en el precio, «muy por encima del límite legal máximo del 50%», avisa el Tribunal de Cuentas.

Vinilo de «motivos boscosos»

La fiscalización también encontró deficiencias en otro de los contratos fiscalizados, las obras de modificación de la zona del comedor adjudicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para «cumplir con las recomendaciones de distancia social».

El Tribunal de Cuentas reparó, en cambio, en que la tramitación de emergencia no estaba justificada. «Las debilidades en la justificación de la emergencia de este contrato quedaron confirmadas por el hecho de que el mismo fue iniciado una vez transcurrido el plazo de un mes desde su adjudicación».

El Tribunal de Cuentas señaló, asimismo: «Las actuaciones están dirigidas a trasladar los despachos de médico y enfermera de la planta baja A a la planta baja B, y así ampliar el comedor, pero, simultáneamente, se prevé el traslado en sentido inverso de 5 despachos sindicales, de la planta baja B a la planta baja A. Ello con independencia de la extensión de unos contratos que incluyen la adquisición de 16 sillas de barra con un importe de 4.800 euros en total o 36 metros cuadrados de vinilos decorativos para el exterior de la cafetería por importe de 2.160 euros y un vinilo decorativo con motivos boscosos por un importe de 1.290 euros».