El Gobierno catalán pacta con los antisistema de la CUP el desafío secesionista a la legalidad española

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han anunciado hoy, a través de un comunicado, que han alcanzado «un acuerdo político global» sobre la ley de transitoriedad jurídica, que busca amparar el referéndum en 2017 y permitir ‘desconectar’ la «República» catalana del marco legal español, lo que supone un nuevo desafío secesionista.

La ley de transitoriedad jurídica -que es una de las tres leyes de «desconexión» del Estado, junto a la de hacienda pública y la de seguridad social catalana- define Cataluña como una «República de derecho, democrática y social».

Las fuerzas independentistas han evitado desvelar el contenido del texto acordado, conscientes de su previsible impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC), que el pasado viernes anuló la creación de las tres ponencias conjuntas del Parlament impulsadas por JxSí y la CUP para elaborar las tres leyes de desconexión, al estimar los recursos de amparo presentados por Ciudadanos y el PSC.

En su escueto comunicado, JxSí y la CUP se limitan a explicar que su acuerdo al respecto del contenido de la ley de transitoriedad «es el resultado de más de seis meses de debate en que se ha trabajado sobre el articulado de la ley y da cumplimiento del plazo establecido en el debate de política general» del Parlament.

La ley, que pretende garantizar la «máxima seguridad jurídica en la transición a la República una vez ganado el referéndum por la independencia», establece en su artículo 1 que «Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social».

«La república catalana»

El texto sobre el que trabajan los grupos independentistas contiene un preámbulo, ocho epígrafes y unas «disposiciones finales y de inaplicación». En concreto, el primer epígrafe que desarrollará la ley se refiere a las «disposiciones generales, nacionalidad y territorio», el segundo alude a la «sucesión de ordenamientos y administraciones» y en el tercero se regulan «los derechos y los deberes» de los ciudadanos.

El cuarto punto desarrolla el «sistema institucional» de una eventual «República» catalana, el quinto se centra en el «poder judicial y la administración de justicia», el sexto habla de «las finanzas», el séptimo establece el marco normativo para la celebración de un «referéndum de independencia», mientras que el octavo aborda el «proceso constituyente».

JxSí y la CUP guardan bajo llave y en secreto el redactado de la ley, que prevén presentar y aprobar antes de verano de 2017, antes de celebrar el referéndum que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha comprometido a convocar, con o sin el aval del Estado, como muy tarde en septiembre del año que viene.

Según el comunicado emitido hoy, la ley «dota y habilita a las instituciones públicas catalanas de las herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana».

«Junts pel Sí y la CUP están trabajando a fin de incorporar el mayor número de fuerzas políticas en la preparación y convocatoria del referéndum de independencia», señala el comunicado, por lo que este epígrafe «se encuentra pendiente de concretar».

Una de las posibilidades que barajan los grupos independentistas es que, una vez hagan valer su mayoría para aprobar la ley en el Parlament, inicialmente entre en vigor sólo el apartado referido al referéndum y, si saliese vencedor el ‘sí’ a la independencia, quedaría automáticamente validado el resto del texto legislativo