El Gobierno admite en privado que está aplicando ya de manera encubierta el artículo 155

La Generalitat de Carles Puigdemont y el Parlament catalán se han situado al margen de la Ley al negarse a acatar las sentencias de los tribunales y al aprobar unas «leyes de desconexión» que derogan la legislación española en Cataluña.

Pese a la fuerte carga de propaganda que conlleva, el referéndum del 1-O es sólo un señuelo porque, a todos los efectos prácticos, Puigdemont ya ha declarado la independencia de Cataluña quebrando cualquier principio de legalidad.

La respuesta ha sido igual de contundente. El Gobierno de Mariano Rajoy reconoce en privado que, desde este viernes, ya ha intervenido la autonomía de Cataluña, sin tener que recurrir a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El paso más decisivo lo ha anunciado el ministro Cristóbal Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: su departamento ha decidido intervenir por completo las cuentas de la Generalitat. A partir de la próxima semana, el Ministerio de Hacienda dejará de inyectar al Ejecutivo autonómico los cerca de 1.400 millones de euros que recibía cada mes de financiación estatal.

Las «embajadas» catalanas en el exterior

En su lugar, Hacienda asumirá directamente los pagos para garantizar las nóminas de los funcionarios de la Generalitat, así como servicios públicos destinados a los ciudadanos: la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Este procedimiento permitirá evitar que el Ejecutivo de Puigdemont destine ni un solo euro a la celebración del referéndum ilegal de independencia. Pero abre la puerta a que el Gobierno deje de abonar también otros servicios que carecen de cualquier justificación, como las «embajadas» que la Generalitat ha abierto durante los últimos años en medio mundo para vender su proyecto secesionista.

Es la respuesta del Gobierno a la carta que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, remitió el jueves a Montoro anunciando que el Ejecutivo autonómico dejará de enviarle les informes semanales de fiscalización de gasto. En consecuencia, el Ministerio de Hacienda ha activado el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permite intervenir todos los pagos de la Generalitat.

De forma paralela, como ha avanzado OKDIARIO, Hacienda ha advertido a las entidades financieras que no deben atender ningún pago o crédito que esté destinado a la celebración del referéndum ilegal, que Puigdemont pretende celebrar el 1 de octubre a pesar de que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional.

De momento, Trapero obedece

El Gobierno de Rajoy también se guarda en la recámara la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que le permite tomar el control de los Mossos d’Esquadra. Al menos por el momento no será necesario, pues el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ya ha transmitido a sus subordinados la orden de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum.

Con todas estas medidas, el Gobierno ya ha intervenido de hecho a la Generalitat, sin tener que recurrir a la aplicación parlamentaria del artículo 155 de la Constitución. Aunque el Ejecutivo de Rajoy no descarta en absoluto aplicar finalmente este precepto, tras la jornada del 1-O, para disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones autonómicas, tal como adelantó OKDIARIO. El PP cuenta para ello con una mayoría cualificada suficiente en el Senado, sin tener que recurrir al apoyo del PSOE de Pedro Sánchez.