El Gobierno admite la «impunidad» de los pirómanos mientras Sánchez culpa a la «ola de calor»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 23/08/2025 21:16
  • Actualizado: 23/08/2025 21:16

Un informe del Gobierno, promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que sirve de base para las políticas antiincendios, admite que los pirómanos gozan de «impunidad» y reclama más medidas de «disuasión». El documento, que lleva por título Orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España, fue aprobado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en julio de 2022, y establece las líneas maestras para la lucha contra el fuego. Entre sus puntos se reclama poner el foco en la «política judicial», advirtiendo que «la elevada causalidad de incendios asociada a actuaciones humanas hace de la investigación criminal una herramienta esencial para identificar a sus responsables y establecer mecanismos para disuadirles de nuevas acciones y reducir el número de igniciones». En este contexto, se indica que «es preciso reforzar el trabajo de investigación para lograr mayores tasas de esclarecimiento de los incendios forestales a fin de combatir la impunidad de los intencionados, así como seguir profundizando en el conocimiento del perfil psicosocial de los causantes de incendios, para ayudar a su identificación y así mejorar las políticas de prevención social».

En sus comparecencias tras visitar las zonas afectadas por la grave ola de incendios de este verano, Pedro Sánchez no ha hecho alusión a la intencionalidad de los fuegos, derivándose a lo que califica de «emergencia climática». El presidente socialista ha anunciado que, en septiembre, planteará a los grupos políticos un Pacto de Estado en este sentido para «reforzar» las actuaciones contra el fuego. La propuesta ha sido calificada de «cortina de humo» por el Partido Popular, que advierte que el pacto «no sirve ahora contra las llamas».

«Ola de calor»

El pasado martes, en su intervención desde Jarilla (Cáceres), Sánchez insistió en ese gran acuerdo, alertando sobre la «emergencia climática» como el principal factor de los incendios, y apuntó a la «ola de calor» registrada en España «la mayor desde 1975, desde que hay registros, con 16 días seguidos». En este contexto, y sin hacer autocrítica, insistió en que «cada año se acelera la emergencia climática, que sobre todo se está agravando en la Península Ibérica» y reclamó un «compromiso máximo ante una realidad que cada vez nos atropella más y que necesita respuestas proporcionadas porque el Estado somos todos».

Las penas para los que provoquen los fuegos están recogidas en el artículo 351 del Código Penal: «Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años».

Hasta el momento, la Policía Nacional y la Guardia Civil ha detenido a 32 personas y 93 más figuran como investigadas por su relación con los incendios que se han registrado en España desde el 1 de junio. Hay 188 investigaciones policiales abiertas, según datos proporcionados el pasado martes por el Ministerio del Interior.

El informe anteriormente mencionado señala que «es necesario aplicar la sociología al conocimiento de fondo del origen del problema de los incendios forestales intencionados».

«Es conveniente reforzar la colaboración entre las autoridades responsables de la investigación criminal y las administraciones con responsabilidad en incendios forestales, para favorecer el intercambio de información, desarrollar actuaciones de prevención, promover acciones de vigilancia o impulsar actuaciones judiciales, entre otras. Asimismo, el uso del fuego prescrito como herramienta de gestión requiere aumentar la seguridad jurídica de su práctica».

«Es necesario reforzar y mejorar el trabajo de investigación de causas y motivaciones de los incendios forestales, como elemento clave para comprender el fenómeno y adecuar mecanismos para gestionarlo. Se demanda mayor dotación de medios y efectivos, así como mayor interacción e intercambio de información entre equipos investigadores, en especial fuerzas y cuerpos de seguridad y estamentos judiciales. Es preciso armonizar las consideraciones causales propias de la estadística forestal con las utilizadas en el ámbito penal, así como profundizar en la definición y estandarización de los diferentes perfiles psicosociales causantes de incendios, con objeto de encontrar relaciones predictivas que ayuden a los responsables de la investigación a identificar a sus autores, incrementando la tasa de esclarecimiento», concluye el documento.