La Generalitat lleva a los tribunales al Gobierno por el informe sobre el ‘procés’ porque «perjudica a Cataluña»

La consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que la Generalitat ha decidido «emprender acciones legales» contra el informe sobre el proceso independentista elaborado por la Secretaria de Estado de España Global, que pende del Ministerio de Asuntos Exteriores y lidera Irene Lozano.

En la rueda de prensa, la consejera ha recordado que, pese a que el documento iba destinado a representantes diplomáticos de la Administración central, «es conocido que ha sido objeto de difusión entre periodistas, corresponsales y otros interlocutores internacionales».

La Generalitat de Quim Torra cree, y así lo ha señalado, que con este documento «se está perjudicando la imagen de Cataluña, especialmente en el Exterior» y critica que con el informe se vulnere la presunción de inocencia de los encausados en el juicio del Tribunal Supremo por el impulso del 1-O.

A mediados de agosto, Torra ya había dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat para que «estudien medidas» contra España Global por un informe contra el golpe de Estado en la región catalana.

El separatista cree que el organismo de Lozano podría estar «vulnerando la directiva europea sobre la presunción de inocencia» con el documento que, según ha informado ‘La Vanguardia’, es una guía para que los responsables de Exteriores enfoquen el proceso independentista en el extranjero y se reparte entre corresponsales, periodistas en el exterior y otros interlocutores internacionales.

Para Torra, este informe podría suponer una «interferencia en el poder judicial, criminalizando el movimiento independentista» pocas semanas antes de la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos impulsores del 1-O. Las mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo catalán también solicitará el coste del informe para saber si «se está cometiendo un delito de malversación».

El texto, de 72 páginas, recoge una cronología del proceso independentista desde la Diada del 11 de septiembre de 2012 e incluye los delitos por los que los impulsores del 1-O están siendo juzgados, se explica el proceso penal y se defienden «la independencia y garantías del sistema judicial».

El documento pretende responder a las «falsedades difundidas sobre el proceso y la situación de Cataluña» en un formato concreto: se parte de una premisa que defiende el independentismo tachándola de falsa y se explica la versión del Estado calificándola de verdadera; en total se abordan 46 ideas.