Belarra irá a juicio el 23 de junio por una demanda de García-Castellón y tratará de acusarle de ‘lawfare’

El magistrado jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se sentará a declarar como demandante el próximo 23 de junio en el juicio civil que él mismo ha promovido contra la ex ministra y diputada de Podemos Ione Belarra por vulneración de su derecho al honor.

El juicio se celebrará en un Juzgado de Primera Instancia de Plaza de Castilla, en Madrid, después de que el Tribunal Supremo se declarara incompetente mediante auto firme de 4 de junio de 2025 y anulara todo lo actuado hasta la fecha, al concluir que las publicaciones de Belarra en sus redes sociales no constituían actos realizados en el ejercicio de su cargo de diputada. El magistrado reclamaba entonces una indemnización de 240.000 euros.

El origen del litigio se remonta a dos publicaciones realizadas por Belarra en su cuenta de X los días 2 y 20 de septiembre de 2024, coincidiendo con la jubilación del magistrado, en las que le calificó de «prevaricador y corrupto». A pesar de García-Castellón no tiene ninguna tacha en ninguna sentencia firme, Podemos tratará de usar el caso para publicitar su propaganda contra los jueces españoles a los que acusan de hacer lawfare, es decir, la guerra jurídica con resoluciones injustas a sabiendas.

García-Castellón, representado por la letrada María Vega, interpuso inicialmente una demanda de protección civil del derecho al honor ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo solicitando 240.000 euros.

La demanda solicitaba, además de la indemnización económica, que se declare la intromisión ilegítima en el honor del magistrado retirado y que Belarra difunda el contenido de la sentencia condenatoria en su propio perfil de X.

El Supremo, incompetente

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con ponencia del magistrado Rafael Sarazá Jimena y formada además por varios magistrados más, concluyó que carece de competencia objetiva para conocer de la demanda.

El auto, de 4 de junio de 2025, establece que las manifestaciones de Belarra en X «contienen opiniones que tienen relación con la actividad de la demandada como dirigente político y diputada, pero que no puede considerarse que las haya realizado propiamente en el ejercicio de su cargo de diputada, dado el contenido, medio a través del que se realizan, contexto y momento en las que se producen».

El Supremo ha fundamentado su decisión en una interpretación restrictiva de las prerrogativas parlamentarias, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El aforamiento ante la Sala de lo Civil, previsto la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo ampara las demandas de responsabilidad civil «por hechos realizados en el ejercicio de su cargo» por diputados y senadores.

La resolución ha subrayado que las publicaciones no constituyen «una reproducción de un acto parlamentario ni concurre una conexión prolongada por literalidad o en estrecha o acreditada conexión con un acto parlamentario».

El hecho de que la cuenta de Belarra en redes contara con una marca de verificación gris tampoco ha resultado determinante: el auto ha señalado con cierta mordacidad que «no puede ser la empresa del señor Elon Musk la que, mediante el cobro del correspondiente precio, decida cuando una actuación de un dirigente político que tiene la cualidad de diputado ha sido realizada en el ejercicio de su cargo», en alusión al propietario de la plataforma.

En consecuencia, el Tribunal ha declarado la nulidad de todo lo actuado y ha remitido la competencia a los Juzgados de Primera Instancia, donde el procedimiento ha tenido que reiniciarse.

La audiencia previa

Una vez radicado el caso en un juzgado madrileño, se ha celebrado este martes la audiencia previa, que ha durado aproximadamente 40 minutos. En ella, el juez ha admitido la declaración de García-Castellón, solicitada por la defensa de Belarra —integrada por los letrados Gorka Velle Bergado y Jaime Montero Román—, pese a la oposición de la parte demandante y del Ministerio Fiscal. «Aquí lo único que venimos a enjuiciar es la declaración que hizo la señora Belarra, no las que ha hecho después el señor García-Castellón», han argumentado desde el equipo del magistrado.

La defensa de Belarra ha presentado además una batería de solicitudes probatorias que la representación del demandante ha tildado de dilatorias e improcedentes.

Entre ellas, ha requerido el exhorto de toda la pieza Kitchen del caso Villarejo y la documentación relativa a las investigaciones sobre Pablo Iglesias, con el propósito de acreditar una supuesta persecución del magistrado contra Podemos. El juez no ha concedido esta última petición.

También ha aportado, aunque fuera de plazo, un voluminoso dosier de noticias relacionadas con la publicación del libro de García-Castellón y sus apariciones mediáticas tras la jubilación.

La Fiscalía ha mantenido una posición ambivalente. Aunque ha apoyado la oposición a determinadas pruebas, ha introducido matices sobre la nueva condición de personaje público del magistrado jubilado.

Fuentes jurídicas dan por hecho que Belarra acudirá personalmente al juicio del 23 de junio —pese a no estar obligada a ello, ya que sus abogados ostentan poder de representación— y que aprovechará la jornada para protagonizar un acto mediático a la salida del juicio.

Sea cual sea el fallo en primera instancia, las partes dan por descontado que el litigio acabará de nuevo en el Tribunal Supremo a través del recurso de casación. Lo que comenzó como dos mensajes en una red social ha terminado por engendrar un periplo judicial que ha pasado ya por la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, ha sido devuelto a un juzgado de distrito y promete recorrer de nuevo el camino de vuelta. García-Castellón, un hombre que ha visto más interrogatorios y más testificales que toda la sala de vista juntos sumados, se prepara ahora para sentarse, por primera vez, al otro lado del estrado.