García Castellón cita como imputado en Púnica al presidente de Prisa Javier Monzón

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como imputado al presidente al presidente del consejo del Grupo Prisa -editora de El País-, Javier Monzón, en la pieza separada del ‘caso Púnica’ relacionada con la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid.

A la larga lista de imputados, entre los que sobresalen las ex presidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, García-Castellón ha pedido la comparecencia de Javier Monzón, ex presidente de Indra, y a la propia empresa en calidad de persona jurídica. Monzón se tendrá que presentar ante el juez, como pedía la Fiscalía Anticorrupción, el próximo 4 de octubre, según el listado de la providencia de la Audiencia Nacional.

El pasado 2 de agosto, OKDIARIO avanzó que Anticorrupción había solicitado a Manuel García-Castellón la imputación de Javier Monzón. Las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá imputan al ex presidente de Indra delitos de cohecho y corrupción en los negocios, según refleja el escrito de 65 folios enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 con la finalidad de ordenar la ‘macrocausa’ que se investiga en dicho juzgado, en los procedimientos penales que afectan al PP.

Las fiscales concluyen su escrito citando un informe de los agentes de la UCO, encargados de la investigación de Púnica, donde afirma que la empresa «habría financiado con 566.497 euros gastos de las campañas del PP madrileño en 2007 y 2011″. Javier Monzon estuvo al frente de Indra desde 1993 hasta 2015, cuando fue designado como presidente del Consejo de Administración de Prisa. Según consta en el informe esos fondos obtenidos de «forma ilícita» se habría mantenido activo al menos entre 2008 y 2013.

Además, afirma que esos fondos se destinaron a pagar cursos de formación contratados por Indra a la empresa ‘Formaselect’, que está vinculada a Óscar Sánchez Moyano. Pero detectaron un trasvase de estos fondos, casi íntegros, a distintas sociedades de Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz en concepto de retribución por el asesoramiento al PP de Madrid realizado por otra de sus empresa, ‘Swat’