El futuro Govern creará una gran policía catalana para dotarse de una fuerza de seguridad ajena al Estado

El separatismo sabe que no hay independencia ni república efectiva sin una fuerza policial o militar detrás. «No tenemos un ejército para combatir al enemigo», lamentó el eurodiputado de ERC Josep Maria Terricabras hace unas semanas para explicar el fracaso del golpe. De ahí que el separatismo no cese en el empeño de dotarse de una fuerza que pueda ejercer este papel. El acuerdo firmado por JxCAT y ERC para la investidura de Jordi Sànchez defiende la necesidad de crear una gran policía catalana que, junto a los Mossos d’Esquadra y las policías locales, permita a Cataluña dotarse de «un modelo de seguridad» propio e independiente, ajeno al Estado.

Los independentistas se comprometen en su acuerdo de investidura a promover y tramitar todas las iniciativas legislativas que son necesarias para este objetivo de la gran policía catalana. En la actualidad, tanto los Mossos como cuerpos locales están creados al amparo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Están, por tanto, obligados a jurar o prometer «acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado».

La gran policía catalana al servicio de una república independiente necesitará, pues, de que el futuro Govern haga desaparecer la supeditación de los Mossos y las policías locales a la Constitución. Una vulneración de la legalidad que se suma a otras muchas que contempla el acuerdo de investidura, como la estructura política en Bélgica liderada por Carles Puigdemont con tres órganos: la Asamblea de Representantes para la República; el Consejo para la República, y la presidencia del Consejo de la República.

El comportamiento de los Mossos en los preparativos y desarrollos del 1-O, un cuerpo policial integrado por 17.000 agentes, ha demostrado que, pese a su obligación de respeto a la legalidad, muchos de sus mandos y agentes se comportaron al servicio de la causa separatista. Y fue la utilización que de esta fuerza policial hizo el Govern una de las razones esgrimidas por la Fiscalía para acusar a Puigdemont, Junqueras, Forn y compañía de un delito de rebelión.

«Capacidad intimidatoria suficiente»

La violencia que requiere el delito de rebelión “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, según la Fiscalía. Y explica que “la concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden sabedores de que cualquier oposición a los planes rebeldes tornará el alzamiento den violento y belicoso”.

En el acuerdo para la investidura de Sànchez, JxCAT y ERC se comprometen a «defender la honorabilidad de todos sus miembros»