La Fiscalía tumba la decisión de Carmena de cerrar las cantinas de la Policía Municial

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que puso el Ayuntamiento de Manuela Carmena tras cerrar las cantinas de la Policía Municipal. La Fiscalía no ha apreciado indicios de actividad delictiva.

Tal como avanza OKDIARIO, tras la confirmación por fuentes oficiales del Consistorio, los tribunales han descartado que haya algún tipo de ilegalidad en estos comedores. El Ayuntamiento en 2015 lo llevó a la Fiscalía porque consideraban que había una ‘contabilidad B’. Una decisión que cabreó mucho a los policías municipales ya que no pueden estar con uniforme en bares o restaurantes.

El delegado del área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, informó el 21 de octubre de 2015 que había enviado a la Fiscalía toda la documentación. Habló de una posible «ilegalidad» por la ‘caja B’ que existía en los tres bares ubicados en  unidades de Policía Municipal.

De 70.000 a 80.000 euros

Las ganancias que generaban las cantinas policiales se destinaban, entre otras cosas, a coronas de flores para los funerales de policías fallecidos, a regalos para los agentes que se jubilaban, a las celebraciones de su día del patrón, a gasolina y otros gastos que no se pueden cargar a los presupuestos. Barbero indicó que esa ‘caja B’ contaba con entre 70.000 y 80.000 euros.

Según confirman fuentes del área de Seguridad, el rumor que circulaba por los sindicatos policiales es cierto. No hay delito en esa actividad.

El sindicato policial CEM, consultado por OKDIARIO, señala que no entienden por qué no pueden tener esos bares y el Ayuntamiento sí licita un negocio similar en el Centro Integral de Formación de la Seguridad CIFSE. En esta ubicación se sirven desayunos, comidas y meriendas a los diferentes alumnos y categorías de los diferentes Cuerpos de Emergencias del Ayuntamiento.

Estos bares se situaban en el Escuadrón de Caballería, en el departamento de Atestados y en la Unidad Especial de Tráfico. Los excedentes de esos bares se donaban al Banco de Alimentos. La Dirección General de la Policía Municipal de Madrid y el propio Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento apuntó en 2015 que los servicios que se prestaban desde esos bares son necesarios y legítimos siempre que se puedan ofrecer dentro de la más estricta legalidad.

En esa línea, la solución transitoria fue un servicio de vending en las mismas instalaciones. Una idea que no ha contentado del todo a los sindicatos municipales ya que ven disparidad de precios entre estas máquinas dispensadoras en diferentes instalaciones del Consistorio.

También se avanzó que desde el Ayuntamiento se tiene la «firme intención» de restablecer el servicio a medio plazo mediante la convocatoria de un concurso público que habilite a una empresa para prestar el servicio a los componentes del cuerpo de Policía Municipal de Madrid, conforme a la ley. Algo que por el momento no se ha materializado como confirma el sindicato CEM y Madrid Lo Vale.