La Fiscalía pide prisión incondicional para Ignacio González

Los dos fiscales Anticorrupción de la ‘Operación Lezo’, Carmen García Cerdá y Antonio Yáñez han solicitado prisión sin fianza para el ex presidente madrileño, Ignacio González. En esta causa, se investiga entre otros presuntos delitos, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 23 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica.

Durante su comparecencia que comenzó sobre las 18:00 horas de la tarde y se ha extendido cerca de 3 horas, González ha respondido las preguntas del instructor, pero ha negado las acusaciones.

Ignacio González lleva dos noches durmiendo en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). Y puede ir este mismo viernes a la cárcel si el juez Eloy Velasco atiende la petición que han realizado los fiscales del caso, al solicitar prisión incondicional para el ex presidente de la Comunidad de Madrid.

El pasado miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a González y permanecieron más de 10 horas en su casa registrando todas las dependencias e incautándose de numerosa documentación. Pasadas las 19.20 horas, el político popular fue conducido por los guardias a su despacho.

González está acusado de presuntos delitos de pertenencia a banda criminal, cohecho, prevaricación, fraude a la administración, falsificación documental, corrupción en los negocios o blanqueo de capitales.

El ex presidente madrileño fue arrestado en el marco de la llamada ‘operación Lezo’ contra la corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de Madrid. La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, investiga la gestión en la compañía madrileña, que González presidió entre 2003 y 2012, antes de ocupar la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid (2012-2015).

Además de casi una quincena de arrestos, la operación abierta suma más de una treintena de imputaciones. Entre los investigados, se encuentra la esposa de González, Lourdes Cavero, y el hermano del ex presidente madrileño, Pablo González.

En la mañana de este viernes ha sido detenido el empresario Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, por su vinculación al contrato del tren de Navalcarnero. El arresto está vinculado al presunto pago de comisiones millonarias al ex presidente de la Comunidad de Madrid por la adjudicación de una obra.

El juez Eloy Velasco ordenó este jueves el registro en la sede de OHL, en una de las cuatro torres del Paseo de la Castellana, en busca de documentos que acrediten mordidas. Además de en el supuesto enriquecimiento ilícito de los arrestados, el magistrado de la Audiencia Nacional indaga en la financiación del PP de Madrid.

OKDIARIO ya informaba este viernes que quien fue máximo responsable de la empresa pública Canal de Isabel II cobró una mordida de 1,4 millones en Suiza —relacionada con ese contrato de construcción de la línea de tren a la población madrileña— a través del mismo testaferro que Luis Bárcenas.

También fue arrestado Edmundo Rodríguez Sobrino, que ocupaba el puesto de Presidente de Inassa, Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, filial del Canal de Isabel II en Colombia, y que efectuó la compra de la empresa brasileña, Emissao Engenharia e Construçoes, a través de otra firma offshore radicada en Uruguay, Soluciones Andinas de Aguas SRL, por 21 millones de euros.

Fue el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, el que advirtió de supuestas irregularidades en la compra de sociedades en el extranjero.

Son siete los graves delitos por los que se investiga a Ignacio González. Tantos y tan graves que la Fiscalía Anticorrupción no duda que es necesario pedirle al juez Velasco el ingreso en prisión del ex presidente autonómico, dada la todavía incalculable cantidad de dinero que podría haber desviado a cuentas en el extranjero, y por consiguiente su posibilidad de huir y de destruir pruebas en el curso de la investigación. Además, es indudable que la componente de alarma social puede ser añadida al argumentario de los fiscales.